Las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual en el país durante las últimas semanas ha hecho que muchas de las sobrevivientes se enfrenten a la revictimización. La abogada María Cristina Parra y la psicóloga social Magaly Huggins explican por qué el sistema judicial es el mayor de los agresores. Abogan por políticas públicas que eviten que la persona abusada experimente, de nuevo, situaciones traumáticas y destacan la importancia de capacitar en género y en derechos humanos a todos los operadores de justicia, así como el uso apropiado del lenguaje para abordar el tema
Por Alba Freitas -mayo 12, 2021
Foto EFE
Alzar la voz en Venezuela y denunciar violencia de género y el abuso nunca será fácil. En muchas ocasiones la experiencia viene acompañada de revictimización y falta de empatía por parte de la sociedad. Por primera vez en mucho tiempo, personas sobre todo vinculadas al mundo de la cultura se han atrevido a denunciar desde hace dos semanas en redes sociales la conducta abusiva que se ha normalizado en el país. El silencio y la vergüenza se acabaron, pero con la valentía también llegó, sin saberlo, la revictimización.
La psicóloga social, feminista y criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de la ONG Una ventana de libertad, explicó que la revictimización es una repetición. Ocurre cuando una persona vuelve a convertirse en víctima al momento de denunciar su caso de abuso. “Es volver a agredir a alguien que ya recibió algún tipo de agresión y lo estamos viviendo en Venezuela”, explicó.
La revictimización profundiza la herida abierta causada por las denuncias de acoso y abuso sexual que inundan las redes sociales. En las plataformas, los agredidos se enfrentan a una avalancha de reacciones, comentarios y críticas que los vuelven a convertir en víctimas una vez más, muchos veces sin saber que están siendo revictimizadas.
En vez de apoyar, ayudar y cuidar a una persona abusada, se hace lo contrario: se ataca de nuevo y se desconfía de su testimonio, señaló Huggins. Usuarios en redes sociales, amigos, familiares, medios de comunicación e incluso el sistema judicial incurren en esto. A veces ocurre de forma inconsciente y sin saber que la revictimización puede causar depresión, estrés postraumático, abuso de sustancias, ansiedad, miedo y tendencias suicidas.
Una forma muy corriente de revictimización es cuando no se cree en la denuncia o se desprestigian los testimonios. Se puede identificar en frases como: “¿por qué te quejas si ya pasó?”, “Tú lo provocaste por vestirte así”; “Olvídate de eso”; “Ahora todas son víctimas”, “Tú lo disfrutaste”, “Tú te dejaste”….
En las redes sociales abundan los comentarios de este tipo ante la viralización de denuncias y casos de violencia de género. “Es alarmante la cantidad de mujeres que, por primera vez en mucho tiempo, se atrevieron a alzar su voz”, señaló la experta.
Solo en una semana la plataforma Yo te creo Venezuela, dedicada a visibilizar los casos y contactar a las víctimas con organizaciones que puedan ayudarlas, recibió 565 denuncias de violencia, abuso sexual y acoso. La iniciativa, creada por artistas, periodistas y mujeres del gremio cultural del país, afirmó en Instagram estar colapsada por la cantidad de testimonios recibidos.
“Las mujeres que sufrieron abusos tienen derecho a pedir ayuda. Ese es otro elemento fundamental para no revictimizarse: Ustedes necesitan ayuda porque han sido víctimas y toda víctima tiene derecho a una mano que la ayude”, aseveró Huggins.
Considera que quien está apoyando a las víctimas en este momento es la sociedad civil a través de las organizaciones y no el poder judicial. “El más grande de todos los agresores es el sistema de justicia. A las mujeres les da terror acudir a la Fiscalía, porque aquí no existe la justicia”, denunció.
No hay justicia con un sistema judicial tan lento | Foto EFE
La experta destacó que, ante el miedo de acudir a las autoridades, se puede buscar ayuda en ONG como la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la Federación Venezolana de Psicólogos. la plataforma Acompañando en el dolor, Psicólogos sin Fronteras y el Centro de Estudios Sobre la Mujer en la Universidad Central de Venezuela.
Acceso a la ley y la justicia
En Venezuela las mujeres están protegidas por la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 y reformada este año con la inclusión de 12 nuevos artículos. María Cristina Parra, directora del Observatorio Venezolano de la Violencia Contra la Mujer y abogada especialista en Derecho de Familia, destacó que la revictimización más frecuente ocurre cuando las víctimas no pueden acceder a la justicia ni al cumplimiento expedito del recurso judicial.
La ley es una de las más específicas en cuanto a la tipificación de abusos que se pueden cometer contra las mujeres, explicó Parra. Además, promueve la creación de instituciones especializadas en género y un equipo multidisciplinario que dé acceso a la justicia. Sin embargo, no siempre se cumple.
“Una cosa es lo que está sobre el papel y otra es la realidad. La revictimización ocurre cuando las mujeres no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia. No hay servicio de atención legal o psicológica para las denunciantes. La ley tiene una falla, aunque está bien en general, no tiene un reglamento que unifique el manejo de los casos”, denunció Parra.
El abuso sexual, la violación, la violencia psicológica y el acoso sexual están contemplados en la ley que penaliza, además, el uso de los medios electrónicos y redes sociales para violentar y acosar. “Ningún país del mundo especifica tan bien los diferentes tipos de violencia como Venezuela”, afirmó Parra.
La también profesora de Derecho especificó que hay además otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente o la Ley Contra la Violencia Hacia la Mujer. “Además hay leyes internacionales que se aplican en el país, como la Ley de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Mujeres”, explicó.
“Pero para mí no se trata de si hay leyes o no. Es un tema de cultura y educación. Se trata de que funcione mejor la institución y el sistema judicial para que se cumpla la ley. Ningún país del mundo escapa a la violación de los derechos de la mujer, pero Venezuela, a pesar de las leyes que tiene, no cumple lo establecido”, continuó.
Es frecuente que en el país las víctimas de violencia, abuso sexual y acoso le teman más al sistema judicial que al silencio y la impunidad. Como parte del protocolo, la mujer debe ir a una oficina de atención a la víctima en la Fiscalía General, en el Ministerio Público o en la policía municipal.
Una vez allí, se recibe su denuncia, la refieren al fiscal especializado y se inicia la investigación. El fiscal, señaló Parra, incluso está obligado a dictar medida de protección de ser necesario. Sin embargo, es común que al momento de realizar este proceso, ocurra la revictimización de la mujer por falta de funcionarios capacitados para atender el caso.
No hay justicia con un sistema judicial tan lento | Foto EFE
Sistema judicial: lento e interminable
Denunciar al agresor no es fácil. El miedo, la ansiedad y el sentimiento de culpa pueden paralizar a la víctima. “El proceso es difícil para aquellas que saben lo que tienen que hacer e imposible para las que ni siquiera saben que están protegidas por la ley”, afirmó Parra.
“Cuando la mujer llega a denunciar puede encontrarse con un funcionario no capacitado o que no sabe lo que es la violencia contra la mujer, quien por supuesto va a estar revictimizada. La víctima tiene que revivir la situación traumática ante alguien que no sabe cómo atender su caso”, explicó la experta.
La situación es común en el país y ocurre con la mayoría de los policías, fiscales y demás funcionarios, quienes muchas veces dudan del testimonio de la víctima. “Le preguntan: ‘¿no será que usted lo provocó?’, ‘¿y usted estaba vestida de manera seductora?’, ‘¿no será que está mintiendo y que quieren sacar al hombre de la casa?’, ‘capaz y solo quieres terminar la relación y no sabes cómo’. Todo ese tipo de reacciones son revictimizaciones y ocurren por parte del sistema judicial. Si la mujer no recibe atención de un funcionario competente, se va a sentir peor”, relató Parra.
Ola de denuncias en la cultura destapa casos de abuso sexual en el país
La revictimización continúa incluso luego de la denuncia cuando la víctima debe hacerse una prueba psicológica o física en lugares inadecuados, sin las condiciones necesarias. La cantidad de centros especializados son pocos y, además, se caracterizan por la lentitud en el proceso.
“Si la mujer va a la Fiscalía y no tiene pruebas suficientes porque el informe psicológico nunca llegó, el juez está obligado a archivar el expediente. El porcentaje de las mujeres cuya denuncia llega a los tribunales es bajísimo y eso es otra forma de revictimización”, aseveró Parra.
En el caso de aquellas que se someten al proceso judicial y llegan a tribunales, luego deben acudir a un juicio en el que estarán en el mismo sitio que su agresor. Según la experiencia de Parra el proceso se demora tanto que cuando llega la audiencia, la víctima está muy desanimada. Añadió: “El sistema judicial es una dificultad. Aunque se tengan buenas intenciones en la ley, es el sistema en sí mismo es el responsable de que la mujer no tenga acceso a la justicia”.
De víctima a victimario
En el aspecto legal, a juicio de Parra, tiene que haber políticas públicas que permitan a la víctima no sufrir revictimización, ni experimentar situaciones traumáticas. Es decir, que efectivamente haya acceso a la justicia. Debe haber, también, un Plan Nacional de Prevención de Atención de la violencia contra la mujer que cuente con presupuesto. De esta forma, se podrán mejorar las condiciones.
“Es importante capacitar en género y en derechos humanos a todos los operadores del sistema de justicia: jueces, fiscales y policías, porque si no, no lo vamos a lograr nunca. También se necesita una campaña de sensibilización, cambios de comportamiento porque tenemos una sociedad patriarcal absolutamente machista. Hemos avanzado mucho, sí, pero también hemos avanzado en leyes que ahora se quedan en el papel”, aseveró Parra.
Y denunció: “Está ocurriendo que los agresores se están convirtiendo en víctimas. Las víctimas están siendo llamadas, perseguidas, acusadas. Esto tiene que parar”.
Con ella concuerda Huggins, quien señaló que el problema, además de ser cultural, debe tratarse desde la educación y la solidaridad con campañas de prevención. La psicóloga social denunció que la Fiscalía incluso ha buscado a las víctimas que se atrevieron a hablar.
“Me llegó la información de que la Fiscalía está buscando las cuentas de las denunciantes y mandándoles citaciones. Les dicen que tienen que poner la denuncia oficial o si no ellas van a recibir una denuncia por injuria y difamación”, denunció.
Parte del problema, a juicio de Huggins, también es el uso del lenguaje implementado por los medios de comunicación y los usuarios en redes sociales para hablar de los delitos. “Hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que usamos. Por ejemplo, la palabra estupro se eliminó de la ley penal hace años. Hay que decir las cosas como son: no es estupro, es un abuso sexual. No es un crimen pasional, es femicidio”, explicó.
Como psicóloga social considera que Venezuela es un país que estigmatiza y juzga, una situación que se puede revertir si se empieza a concientizar sobre la violencia y los derechos de las mujeres. Esto será posible si, además, la capacitación y sensibilización ocurre en todos los niveles, incluyendo el sistema judicial.
Sobre el tema, Parra aseguró que hay que hacer un llamado a las instituciones, a los funcionarios públicos para que no se presten a crear un clima de impunidad. “Ellos no pueden seguir aceptando lo que dicen los agresores y desprestigiando las denuncias de las mujeres. Porque esto es lo que termina convirtiendo a la víctima en victimario, otra forma de revictimización”, agregó.
El Ministerio Público, aseguró, se está involucrando en el proceso, quizás por lo mediático de la situación. “Yo lo veo como un acto de buena voluntad. Independientemente de si la ley la cumple una Asamblea Nacional legítima o ilegítima, es importante que se penalice a los agresores. Lo que no está vinculado con la política es el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia”, concluyó.
