| Octubre 29, 2021
El gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por otorgar al Estado una función excesivamente regulatoria en materia económica, desatando una virtual guerra contra el empresariado nacional y las transnacionales en sus ocho años de mandato.
Bajo acusaciones de «guerra económica», «especulación», «acaparamiento» y «sabotaje», el chavismo aplicó políticas que afectaron al sector privado y condujeron a una profunda crisis económica que devino en hiperinflación y una contracción del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 80% desde 2013.
Al insostenible panorama de una economía que, para 2019, cumplía dos años de hiperinflación y cinco de recesión se sumó una pesada sanción por parte de Washington. Mediante la Orden Ejecutiva 13.850 firmada el 28 de enero de 2019 por el entonces presidente Donald Trump, se restringieron las operaciones de Estados Unidos y sus aliados con la industria petrolera venezolana.
La posterior Orden Ejecutiva 13.884, además, buscó impedir cualquier relación comercial entre las empresas estadounidenses y sus aliados internacionales con el gobierno chavista o sus allegados.
Aunque la medida buscaba aislar únicamente a la cúpula del chavismo y a sus aliados estratégicos, con el pasar de los meses se produjo un sobrecumplimiento que prácticamente cercenó las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela.
Para los empresarios venezolanos sin relación alguna con el chavismo se incrementaron las dificultades para importar o establecer negocios en el extranjero, mientras que las compañías estadounidenses que operaban en Venezuela o tenían intenciones de hacerlo se alejaron cautelosamente para evitar cualquier medida sancionatoria.
Algunos analistas sugieren que fue esta situación la que empujó al gobierno de Maduro a cambiar su enfoque económico y dar una mayor apertura al libre mercado, otorgando al sector privado mejores condiciones para operar, lo que llevó a un incremento de la producción y del comercio, mientras el Ejecutivo lentamente relajaba sus regulaciones.
De esta manera surge un proyecto de ley en el seno de la ilegal asamblea constituyente, el cuestionado órgano con poderes supraconstitucionales instalado en 2017 ante el desprecio y desconocimiento de la comunidad internacional. Se trató de la Ley Antibloqueo, un instrumento que nació con el fin, según sus promotores, de proteger al empresario y sus inversiones en Venezuela ante las sanciones.
La Ley Antibloqueo recibió la aprobación de la constituyente liderada por Diosdado Cabello dos meses antes de la disolución del ente
La aprobación de esta ley causó revuelo y rechazo desde muchas vocerías. Por una parte, sectores de la oposición argumentaban que no generaría la confianza suficiente y que no tendría la efectividad necesaria para evitar sanciones; mientras que el chavismo más crítico sostenía que era un mecanismo para vender los recursos del país y las empresas estatales al capital extranjero bajo un modelo liberal.
A más de un año de su aprobación, las críticas se han atenuado. En parte, porque poco y nada se sabe sobre la aplicación del instrumento y las inversiones que se han producido bajo este marco legal. Pero bajo este velo de silencio, los negocios del chavismo se amplían.
La Ley Antibloqueo «crea fama propia»
Las disposiciones que contempla la misma ley implican que la confidencialidad y el hermetismo son la norma. El objetivo principal es permitir la firma de contratos confidenciales, en los que no sean de dominio público los términos ni los actores firmantes.
Esto se evidencia en su artículo 37, el cual indica que las máximas autoridades de los entes y organismos del Estado pueden «otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo en aplicación de esta ley».
El vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, Orlando Camacho, acota que estas reservas se establecen con la finalidad de proteger al empresario mediante firma de contratos que lo oculten del radar sancionatorio de Washington.
«La ley nace en busca de darle una respuesta interna a las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Su premisa es la confidencialidad. Permite que los contratos se firmen de forma confidencial para que las sanciones no persigan a los actores. El Centro de Inversiones Productivas hace el contrato, pero no es público y no se le hace publicidad a las inversiones», explicó.
Dentro de esta idea, el chavismo ha empezado a entablar alianzas con empresas extranjeras, ofreciendo paquetes comerciales atractivos en esas condiciones contractuales. Según Camacho, se han acercado compañías de países como Irán, Turquía, India y Rusia con intención de invertir principalmente en el sector petrolero o energético en general.
No obstante, los países mencionados por Camacho son, en síntesis, ya aliados del chavismo. Empresas rusas y chinas han mantenido su apoyo a pesar de las sanciones. En el caso de Irán, incluso ya afrontan sus propias medidas sancionatorias. Por lo tanto, no resulta especialmente sorprendente que hagan negocios en Venezuela.
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En cambio, llama la atención que empresas de países como Colombia, que mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, establezcan negocios con el gobierno venezolano, pero este tipo de casos empiezan a reportarse. Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (Sviaa), Saúl López, al detallar que se han registrado importaciones de productos agrícolas desde el país vecino que llegan a competir con la producción nacional.
A mediados de septiembre, los productores agrícolas denunciaban un retroceso en la producción de hortalizas por el ingreso de estos productos desde Colombia desde una vía legal, gracias a la Ley Antibloqueo. Según la opinión del sector, se trataba de un error, ya que no se planificaba estratégicamente los rubros a importar para que solucionaran el desabastecimiento en lugar de competir directamente con los productos nacionales.
Pese a las tensiones entre Maduro e Iván Duque, además del bloqueo fronterizo, parece haber acuerdos comerciales con el país vecino
Dejando de lado la pertinencia de las importaciones, el hecho de que la Ley Antibloqueo permita establecer alianzas comerciales con empresas colombianas da evidencias de que su aplicación ha ampliado la capacidad del Gobierno de relacionarse en el panorama internacional.
Sin estadísticas claras ni cifras públicas, los negocios avanzan. Es en el Centro de Inversiones Productivas donde se cocinan estos contratos y hasta la fecha han surgido diversos proyectos que involucran incluso al empresario venezolano.
«Hay más inversiones. Se siente más confianza en el país, indistintamente de la posición o la gestión política. El Estado está apoyando mucho al empresariado venezolano en este sentido, ya que se está desligando, está dejando que el privado evolucione y crezca solo. La ley está creando su fama sola», reflexionó Henry Marcó Pinto, el presidente de la Cámara Venezolana de Nuevos Emprendedores y Exportadores (Cavenemex).
El empresario razona que Venezuela sigue siendo un país con mucho potencial debido a sus riquezas y bondades naturales, pero que en los últimos años ha sido más fácil invertir en países menos desarrollados y con condiciones inferiores para la producción y generación de riquezas.
«Venezuela tiene un riesgo país sobre un 8%. Es más apetecible invertir en Angola que en Venezuela, pero todavía somos competitivos a nivel mundial. », reflexionó.
Con la aplicación de la Ley Antibloqueo, las condiciones para el inversionista son más tentadoras y permiten dejar de lado ese riesgo país determinado por agencias financieras internacionales al incrementar la rentabilidad del empresario. «¿En qué país vas a tener una utilidad sobre el 30%?», se preguntó Marcó Pinto.
Sin embargo, recalcó que al empresario privado lo que le interesa es producir en el país, apegado al marco legislativo y con unas reglas de juego claras que se respeten, sin limitaciones por temas políticos, ya que no fue el sector privado el perjudicado por las sanciones.
«Queremos trabajar en el marco de la ley, que se nos respeten los derechos para poder ser competitivos en el mercado internacional. No deberíamos estar limitados. El empresario privado no está sancionado como tal, pero ya ese es un tema político», aseveró.
Privados aprovechan el «mango bajito»
En líneas generales, más allá del comentario de empresarios como Marcó Pinto sobre el instrumento, los privados venezolanos presentan ciertas reservas al momento de discutir o analizar la ley.
Aunque gremios como Fedecámaras y Conindustrias mostraron posiciones frontales contra la ley al momento de su aprobación, en los últimos meses son muy escasas las declaraciones que han hecho sobre la Ley Antibloqueo.
El equipo de TalCual intentó establecer comunicaciones con ambos gremios, pero no hubo respuesta favorable por parte de los equipos de prensa de estas cámaras para abordar el tema.
Meses atrás, el pasado 21 de julio, se celebraba una histórica Asamblea Anual de Fedecámaras en la que participó la vicepresidenta del Ejecutivo, Delcy Rodríguez.
A pesar del rechazo generalizado que causaron las fotos de la funcionaria chavista rodeada por algunos de los principales representantes del empresariado nacional, los privados y analistas no rechazaron el encuentro sino que, por el contrario, lo consideraron beneficioso para el progreso económico del país, pues el Ejecutivo y los actores privados deben trabajar de la mano.
En este encuentro, Rodríguez hizo promoción de la Ley Antibloqueo e invitó a los empresarios a sostener nuevos encuentros para darle aplicación al instrumento.
«Allí está la Ley Antibloqueo, están todos invitados. Nos ha pedido el presidente restablecer el Consejo de Economía Productiva. Los invito a que en una semana nos reunamos porque uno de los primeros anillos de esta ley es el empresariado venezolano», resaltó.
Poco después de estas declaraciones surgió otra prueba del estrechamiento entre el Gobierno y los privados nacionales mediante esta ley, pues Reuters publicó un reportaje en el que señalaban que diversos documentos evidenciaban la participación de empresas privadas en al menos 13 compañías alimenticias que habían sido nacionalizadas por el Estado hace una década.
En un intento por recuperar la producción de estas compañías estatizadas, los empresarios se ocuparían de absorber los costos de nómina, financiar proyectos y destinar una porción de los productos elaborados a los programas sociales del oficialismo, como las bolsas y cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un caso concreto reseñado por Reuters fue el de la Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz nacionalizada hace 11 años. En 2021 se concretó un acuerdo para ser arrendada durante cinco años por una firma privada llamada Alimentos El Maizal, a cambio de una suma de 16.000 dólares mensuales.
Ante los «ojos de Chávez», el entonces ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, hacía un recorrido por la planta de Industria Venezolana Maicera Pronutricos, ahora administrada por privados
Algo similar ocurre con Agropatria, anteriormente conocida como «Agroisleña», una empresa expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora las manos privadas estarán encargadas de su administración.
EE. UU. aparta la vista
La Ley Antibloqueo empieza a producir resultados. Las inversiones se multiplican e incluso hay pruebas de que el Estado está cediendo la administración de aquellas empresas que estatizó en el pasado bajo órdenes de Chávez y su icónica frase «¡exprópiese!».
Sin embargo, esta efectividad parece no estar vinculada únicamente con el funcionamiento de la ley sino que podría, además, aprovechar un momento político oportuno ante un gobierno estadounidense que plantea relajar las sanciones.
A lo largo de 2021, con la instalación del gobierno de Joe Biden, se ha notado una política más laxa hacia Venezuela, pese a mantener la misma línea de su predecesor, Donald Trump.
Tras dejar en claro su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y la permanencia de las sanciones, Biden ha mostrado que, en la práctica, pretende reducir las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.
No en vano, el consultor político y económico Tomás Socías López asegura que se produjo una reunión entre delegados de ambos gobiernos previo a la mesa de diálogo instalada en México. Desde Washington, parece ser clara la intención de relajar las sanciones, mas no de eliminarlas.
De cara a la palestra pública, Biden mantiene la línea de Trump contra Venezuela, pero en la práctica ha relajado las sanciones y tiene intención de flexibilizarlas más para el próximo año
Por esta razón, han dado ciertas libertades y concesiones a medidas adoptadas por el chavismo para sortear justamente las sanciones. Entre ellas, se encuentra la Ley Antibloqueo, que Estados Unidos vio con malos ojos en un inicio, pero ahora parece aprobar.
«Al principio hubo temor por la ley, pero en realidad, la información que se percibe en Estados Unidos es que se hace para darle agilidad a la apertura económica. Permite la entrega de empresas o servicios a otros actores sin la necesidad del papeleo y evitando los problemas graves que tiene la administración pública», subrayó Socías López.
Quizás esta postura de Estados Unidos pueda explicar el incremento en el flujo de exportaciones desde suelo norteamericano hacia Venezuela. Este año la actividad comercial entre ambos países creció un 53,12% frente a los parámetros de 2020, de acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).
Para Orlando Camacho, no se puede descartar que Estados Unidos disminuya la presión que ejerce con las sanciones y reconoce que esta sería una vía para facilitar el ingreso de inversiones al país. Argumenta que desde la Casa Blanca podrían haber calculado de manera errónea el impacto de las medidas sancionatorias hacia Venezuela.
«Podemos creer que el gobierno de Biden puede hacerse la vista gorda o también que las consecuencias de las sanciones fueron mucho más allá de lo que previeron al principio, dañando a los sectores más vulnerables, a los ciudadanos comunes, a los trabajadores, al empleo y también al desabastecimiento del país», razonó.
Sin embargo, insiste en que la Ley Antibloqueo está diseñada para funcionar independientemente de las políticas y decisiones que se tomen desde suelo estadounidense, ya que no el oficialismo no puede depender de la postura de Biden.
«Ciertamente, si no aplican las sanciones o le quitan el acelerador a la persecución, seguramente se facilite el ingreso de las inversiones, pero pretender que Estados Unidos quite o desaplique las sanciones es muy subjetivo. Debemos partir de lo que ya está», recalcó.
El secretismo de la Ley Antibloqueo
Una de las preocupaciones más marcadas desde que se aprobó la ley ha tenido que ver con la nula transparencia que tendrán los acuerdos firmados entre las instituciones gubernamentales y los inversionistas nacionales e internacionales.
Bajo el pretexto de que la confidencialidad permitirá proteger los intereses de la república, se impone un hermetismo en torno a los acuerdos alcanzados. Por lo tanto, en la práctica es imposible saber cómo se administran y gestionan los recursos y las empresas estatales involucradas en tratos comerciales amparados por la Ley Antibloqueo.
De acuerdo con Camacho, estos mecanismos no son un motivo de alarma, puesto que no persiguen la concreción de actividades ilegales sino que únicamente tienen la finalidad de ocultar los nombres de los posibles actores involucrados en las firmas, para resguardarlos de eventuales sanciones.
El diputado sostiene que la transparencia se garantiza ya que tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República están enterados de los detalles contractuales y pueden ejecutar auditorías.
«Lo que busca la ley es que no sea visible la contraparte para que no lo persigan las sanciones y no se dañe la esencia del negocio. La Contraloría y la Procuraduría General de la nación siempre están incluidas dentro de esos contratos firmados bajo confidencialidad. El interés no es ocultar información para hacer negocios distintos de lo legal sino hacer anónima a la persona contratante», puntualizó.
El problema radica en que estos órganos no son independientes, sino que responden a los intereses de un Gobierno que ejerce control sobre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, lo que les permite designar y remover el personal que consideren pertinente.
La separación de poderes es un principio fundamental de la democracia representativa que no se cumple a cabalidad en Venezuela, por lo que se asoman las dudas sobre la imparcialidad a la hora de aprobar contratos confidenciales o efectuar auditorías a los negocios concretados en el marco de la Ley Antibloqueo.
