Las deudas de la República se acumulan y amplían mientras que se cruzan los señalamientos de funcionarios del gobierno interino, en los que ahora participó el procurador especial para defenderse de las acusaciones de Primero Justicia

La oficina del procurador especial Enrique Sánchez Falcón, designado por el gobierno interino, emitió una respuesta pública para desmentir las supuestas falsas informaciones propiciadas por el canciller del interinato, Julio Borges, sobre el manejo de los activos de Venezuela en el extranjero.

En una entrevista a la agencia de noticias dedicada a la fuente política, Politiks, Borges fustigó el rol de Juan Guaidó y otros miembros de Voluntad Popular y su gestión de los activos con un foco supuestamente partidista.

Dentro de sus acusaciones, sostuvo que la Procuraduría Especial tenía responsabilidad en la situación judicial en la que se encuentra Citgo, con el riesgo de ser arrebatada en juicios en suelo estadounidense, ya que la Asamblea Nacional (AN) habría aprobado «todos los recursos en ese tema».

Al respecto, la oficina del procurador especial respondió que la AN nunca ha aprobado un presupuesto integral para sufragar los litigios, sino que solo ha dado visto bueno a montos menores y «muy tardíamente» pese a que las deudas crecen mientras más se dilata el proceso.

En el documento se hizo referencia a tres montos aprobados por la AN, todos muy inferiores a los requeridos para afrontar los juicios. Se trata de una primera cantidad de $24 millones durante 2019, otros $18,7 millones en enero de 2021 y otros $3,7 millones en abril de 2021.

Además, acusan directamente a Primero Justicia por los retrasos en la asignación del dinero, pues sostienen que «las solicitudes se han hecho siempre oportunamente».

El dirigente de Primero Justicia también señaló a la administración interina al asegurar que no ha habido rendición de cuentas y nunca se ha especificado cómo se gastó el dinero aprobado.

Sánchez Falcón cataloga esta afirmación directamente como «otra mentira de Borges», bajo el argumento de que las juntas administradoras ad hoc de Pdvsa y BCV han presentado sus respectivas rendiciones de cuentas ante la Asamblea Nacional, en donde han aclarado la situación de los juicios.

Además, pese a que la Procuraduría Especial, encargada de gestionar los juicios, solo recibió en mayo de 2021 una asignación de $10.136.084 de la cantidad total aprobada, para junio presentó su rendición de cuentas.

«En esa ocasión, incluso, se presentó el cuadro explicativo de la intervención de la Procuraduría Especial en el análisis de la racionalidad de todas las facturas de los bufetes de abogados a cargo del BCV, Pdvsa y la República, presentadas al cobro desde el mes de junio de 2020 hasta el mes de junio de 2021, período correspondiente a la gestión del actual Procurador Especial», razonó para luego recordar que la presentación está disponible en la web.

En una tercera afirmación de Borges durante su entrevista, acusó a la Procuraduría Especial de «meterse en una cantidad de juicios» innecesaria debido a que la protección de los activos depende actualmente de una licencia otorgada por Estados Unidos.

Para este punto, el procurador sospecha que las palabras de Borges no responden a la ignorancia y las considera una «descomunal irresponsabilidad», ya que Venezuela no «se metió» en los juicios, sino que fue demandada y el deber del gobierno interino es representarla ante los tribunales.

«Según Borges, los juicios no deberían atenderse bajo ninguna forma, única manera de no incurrir en gastos a causa de ellos. Además, en su criterio, como los activos del Estado venezolano están protegidos por la OFAC, estarán también exentos de condena por incomparecencia (default). Tamaña estolidez e insipiencia resultan insólitas», opinó.

En este concreto, Borges también recriminó a los responsables de la Procuraduría Especial por no explicar por qué acudir a tantos juicios sin una jerarquía en lugar de buscar formas de negociación.

Según Sánchez Falcón, esta declaración confirma que Borges no se toma el tiempo de leer las comunicaciones de la Procuraduría Especial dirigidas a la Asamblea Nacional referidas a los litigios.

De alrededor un centenar de comunicaciones enviadas, Sánchez Falcón resalta el oficio N° PER-P-244 fechado el 14 de abril de 2021. En este se especifica qué juicios deben ser atendidos, la jerarquización de los mismos y la estrategia asumida, basada en el criterio del control de daños.

Este documento no recibió respuesta por parte de los parlamentarios. «Si en esto hay alguna responsabilidad, mora o negligencia no es de la Procuraduría Especial», destaca el funcionario.

Las negociaciones desarrolladas desde la procuradoría han permitido reducir algunas sumas, rebajar intereses y ampliar los plazos para pagar. Sin embargo, las deudas ascienden a sumas como los $10.000 que deben pagarse a ConocoPhillips por el laudo arbitral que ganó ante la inacción del gobierno de Nicolás Maduro, previo a la constitución del Gobierno Interino.

La oficina del procurador especial también cuestiona la longevidad de la propuesta de Borges sobre crear un fideicomiso -que según el líder político ha mantenido desde que se conformó el Gobierno Interino-, pues de existir esta idea, debió haberse presentado ante la Asamblea Nacional y la Procuraduría Especial de la República, hecho que «hasta el momento no ha ocurrido».

Finalmente, Sánchez Falcón da cierre a la arremetida contra las declaraciones de Borges criticando la forma en la que el diputado se otorgó la razón por estar en contra del partidismo dentro de la gestión de los activos.

La Procuraduría Especial no comprende cómo, si Borges y su partido están en contra de que los intereses políticos se inmiscuyan en este rol, votaron por la aprobación de un informe en el que se eluden los señalamientos sobre el funcionamiento de Monómeros.

«El informe de la Comisión a que nos referimos se pronuncia por una política que en sustancia propone, como decían en latín sic rebus estantibus, o sea que las cosas sigan como están», destacó.