| Noviembre 2, 2021
La Asamblea Nacional (AN) de 2015 rechazó, este martes 2 de noviembre, la propuesta de decreto para la reestructuración de Monómeros Colombo Venezolanos presentada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por un parte de la comunidad internacional.
Por el contrario, se aprobó el informe y el acuerdo presentado por la Comisión Especial que investiga a la empresa.
«Es un informe, a mi manera de ver, insuficiente. Tiene que ir más allá, seguir investigando, establecer responsabilidades y procurar justicia con transparencia. Debemos iniciar de inmediato una auditoría externa y, por supuesto, una reestructuración», aseveró Guaidó.
El acuerdo y el informe fueron avalados con 10 votos, de Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), en tanto Voluntad Popular (VP) y la fracción 16 de Julio lo rechazaron. Un Nuevo Tiempo (UNT) se abstuvo. Guaidó, como era de esperarse, salvó su voto. Igual camino siguió el segundo vicepresidente de la AN, Carlos Berrizbeitia.
José Luis Pirela, miembro de la Comisión Especial y de la fracción 16 de Julio, reprochó el informe. Dijo que no recoge los graves problemas de gobernanza y niega la necesidad de remover y reemplazar a la junta directiva. Aseguró que el informe es un engaño y una burla a la nación.
«Esta situación nos obliga a ratificar lo que en la Comisión de Contraloría se planteó y se votó por unanimidad, de reestructurar a la empresa Monómeros que hoy se pretende negar», aseveró Pirela.
Marco Aurelio Quiñones (VP), también integrante de la Comisión Especial y en abierto desacuerdo con el informe, destacó que es urgente una reestructuración, un cambio en la gerencia general y en la directiva de Monómeros, además de concretarse una auditoría externa.
«Instamos a que sea una auditoría externa capaz de determinar responsabilidades y cuáles son los criterios que deben aplicarse para que la empresa llegue a su óptimo de eficiencia», dijo Quiñones.
En el acuerdo presentado por la Comisión Especial de Control y Supervisión sobre Monómeros se plantea mantener la defensa de la empresa ante Nitron Group, reformar los estatutos, y contratar una empresa para la auditoría externa. Asimismo, se insistió en la necesidad de establecer «de inmediato» mecanismos para despolitizar a la empresa y, al mismo tiempo, que sea el Consejo Político quien tome las decisiones.
Ismael García puntualizó que en la Comisión de Contraloría se había adelantado la investigación sobre Monómeros y varias veces se pidió se removiera a la junta directiva.
«Lo que debe hacerse es reunirse con los auditores para conocer la real situación de Monómeros. El informe no indica graves situaciones denunciadas por los trabajadores», acotó.
Para García, resulta contradictorio que el informe critica la presencia de lo político, pero concluye que las soluciones pasan por un Consejo Político.
El parlamentario exhortó a la AN a que, en medio de la crisis de la empresa, deben tomarse soluciones para evitar que Monómeros pase a manos de Colombia.
La diputada Delsa Solórzano, de la bancada de la Concertación, destacó que el decreto de Guaidó solo debió pasar por la Delegada como un punto de información. Fustigó que los miembros de la Comisión Especial no hayan sido designados por la Presidencia de la AN y denunció que el secretario de la instancia que investigó a Monómeros es el esposo de una empleada de la empresa.
«¿Quién ampara a Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de Monómeros ? ¿Cuál es el empeño en protegerlo?», dijo Solórzano.
«Esta es una oportunidad para reconocer los errores y demostrar al país que existen otras maneras de hacer las cosas, una opción política que es responsable y acude a los caminos que acude a la Constitución», aseveró la presidenta de la Comisión Especial, Bibiana Lucas.
Propuesta de decreto
Al igual que lo hizo en la sesión del 5 de octubre, Guaidó reiteró su planteamiento sobre la empresa con sede en Barranquilla, Colombia.
El decreto N° 38 fue rechazado con nueve votos de la Comisión Delegada de la AN de 2015. Ya el 12 de octubre, el Parlamento se decantó por una Comisión Especial antes que avalar el decreto, Guaidó agradeció el «ejercicio democrático» e insistió en que su propuesta tiene el objetivo de resguardar a Monómeros.
«Luego de las recomendaciones de la Comisión de Contraloría y la investigación de la Comisión Especial, es nuestro deber pasar a la acción para proteger los activos de la nación», dijo Guaidó.
El argumento del primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, fue que la situación de Monómeros se encargó a la Comisión Especial que encabeza Bibiana Lucas y que, tras la investigación realizada en la empresa, envió el informe preliminar a la plenaria. En la sesión se acordó incluir el polémico informe en el último punto del orden del día. Esto tras la propuesta presentada por José Antonio Mendoza, de Primero Justicia.
Casi a la una de la tarde, Guanipa solicitó dar lectura a la votación sobre el decreto propuesto por Guaidó.
Guanipa y Lucas son diputados de PJ, partido que mantiene fricciones públicas con Voluntad Popular sobre el manejo de los activos en el exterior. El jueves 28 de octubre, Lucas dijo que el problema de la empresa Monómeros se deriva de la selección de actores sin que sus acciones se blindaran contra la presión política.
Aseguró que la empresa no está en quiebra y relató que en el informe se deja claro que hay sustento para afirmar que exempleados de Monómeros fraguaron una conspiración para propiciar la quiebra de la empresa, activo de la república en el exterior, y que esta situación condujera a la toma de su control por parte de su principal acreedor, Nitron Group.
En el informe se señalan a varios responsables del supuesto plan para llevar a la quiebra a Monómeros, entre ellos la presidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Hernández; el antiguo gerente financiero, William Otero Gracia; y el contratista Jorge Luis Pacheco.
El informe preliminar sobre Monómeros fue votado en contra por Voluntad Popular, el 27 de octubre en la noche. La organización política que considera que de aprobarse «representaría el encubrimiento de la responsabilidad de potenciales responsables de actos de corrupción». El partido puntualizó que, al mismo tiempo, se bloquearían las acciones que deben tomarse con urgencia para salvar este activo.
AN debate visita del fiscal de la CPI
La Asamblea Nacional (AN) de 2015 debatió sobre la visita que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela.
«Ha quedado manifiestamente demostrado que en nuestro país se comenten crímenes de lesa humanidad, que estos crímenes suceden de manera sistemática», puntualizó la diputada Delsa Solórzano.
A juicio de la parlamentaria, dijo que es fundamental «alzar nuestra voz y que esta debe escucharse en cada rincón del planeta y muy particularmente debe llegar a los oídos de la Corte Penal Internacional».
Por su parte, Williams Dávila enfatizó que los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Misión de expertos Independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evidencian graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado.
A su juicio, estos son elementos suficientes para que el fiscal de la CPI «termine la investigación preliminar y solicite el proceso judicial de investigación y posteriormente, enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro».
La diputada Adriana Pichardo sostuvo que el gobierno de Maduro pretende ocultar todas las atrocidades cometidas y «pretende enmendar lo sucedido con simples reformas legales en materia penal y de derechos, realizadas por la espuria e ilegítima Asamblea Nacional».
Asimismo, Yajaira Forero subrayó: «Señor fiscal, ya la Corte Penal Internacional ha determinado que hay suficientes indicios para abrir una investigación por delitos de lesa humanidad a funcionarios del régimen venezolano. En sus manos está que se haga justicia».
Forero indicó que las violaciones a los derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes es la situación que viven los más de 300 presos políticos, entre hombres y mujeres civiles y militares, que están recluidas en las distintas cárceles del país.
Durante la sesión de la AN de 2015, se dio la palabra a familiares de los presos políticos. En ese sentido, Sorbay Padilla de García, esposa del coronel Oswaldo Valentín García Palomo participa en el debate sobre la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, destacó que el militar fue arbitrariamente detenido el 27 de enero de 2019, desaparecido y torturado durante ocho días.
García Palomo está recluido en los sótanos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Vasco da Costa recordó que es una de las víctimas de tortura, cárcel, persecución del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.
«Lo importante es que salga la verdad, pero no se olvide, nosotros estamos en Venezuela, es perentorio su trabajo porque el régimen, a los que somos disidentes no nos da tregua, somos perseguidos», subrayó.
