Con el transcurrir de los gobiernos de AD y Copei, el Pacto de Puntofijo, llamado así por el nombre de la quinta en la que vivía entonces el dirigente de la tolda verde, Rafael Caldera, y que fue donde estamparon su rúbrica Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y el propio Caldera; el espíritu que llevó a la firma del pacto fue diluyéndose y, estabilizada aparentemente la democracia, las fuerzas políticas que ejercieron el poder compitieron entre ellas y sus gobiernos respectivos se centraron en sí mismos, con lo que la búsqueda de consensos para las políticas públicas quedó en el pasado.
Actualmente, cuando el país sufre la falta de una auténtica división entre los poderes públicos, ataques a la prensa y encarcelamiento de dirigentes políticos, los principales partidos de la oposición han sido intervenidos judicialmente o ilegalizados, y el gobierno acusado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, de violar sistemáticamente los derechos fundamentales, y mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) evalúa si procede una investigación por crímenes de lesa humanidad, la situación encuentra a la oposición fragmentada y a sus dirigentes disputando candidaturas o posturas políticas, por lo que bien vale la pena repasar aquel episodio cuando los líderes políticos dejaron de lado aspiraciones personales y grupales para echar a andar y consolidar el sistema democrático.
El historiador Tomás Straka y los analistas Guillermo Aveledo Coll (doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Metropolitana) y Félix Seijas (estadístico y director de la encuestadora Delphos) analizan el contexto en que ocurrió el acuerdo y sientan un paralelismo con el momento actual, coincidiendo en señalar la necesidad de recuperar el espíritu de unidad que animó el Pacto de Puntofijo.
Aprender de la experiencia del Pacto de Puntofijo
La necesidad de un acuerdo que pudiera garantizar la convivencia en el régimen democrático, sumar esfuerzos de los diferentes sectores sociales y enfrentar conjuntamente los desafíos de la nueva era de libertades arrancó en su mayor parte de la experiencia del período del llamado el trienio adeco (1945-1948), cuando una junta de gobierno, presidida por Rómulo Betancourt ejerció el poder luego del golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, que depuso al presidente Isaías Medina Angarita.
«El aprendizaje y vivencia de lo que había sido el trienio, la conflictividad y la forma en que eso llevó a la nueva dictadura, llevó a la conclusión que sacaron los dirigentes políticos de que no podían volver a cometer los mismos errores de 1946 y 1947, cuando todos los sectores apostaron a una polarización y hubo niveles de enfrentamiento muy altos, lo que propició el golpe de Estado, el cual satisfizo nada más a un solo sector de la Fuerzas Armadas», expresó Tomás Straka.
Explicó el historiador que el antecedente inmediato del pacto se dio con la coordinación de sectores que años atrás se querían muy poco: adecos, copeyanos y comunistas, que comenzaron a articular acciones y aprovechar los errores políticos de Pérez Jiménez, de quien dijo, pudo haberse quedado más tiempo en el poder, pues el país contaba con recursos económicos producto de un bum petrolero.
«Esa coordinación preliminar que ya en 1957 llevó al pacto de Nueva York de la mano con EE. UU., la firman AD, URD, Copei y un representante diplomático colombiano. Hay un espíritu, un convencimiento de que juntos van a derrocar a la dictadura, y luego que la Junta Patriótica convoca el paro nacional (enero de 1958), se convencen de que no pueden pelear entre ellos como, había ocurrido entre 1945 y 1948», detalló Tomás Straka.
Deponer la crispación
Guillermo Aveledo Coll sostuvo que lo esencial del Pacto de Puntofijo es que se trata de un acuerdo político de no agresión ya que es la moderación entre las élites políticas la que va a permitir el avance un sistema político pluralista.
«El Pacto de Puntofijo significaba el deponer la crispación, la conflictividad entre los tres grandes partidos de Venezuela. El propósito, después de la experiencia previa a la dictadura, la del trienio, fue evitar el enfrentamiento entre los partidos», señaló Aveledo Coll.
El analista afirmó que se debe recordar que los partidos URD y Copei se forjan no solo en oposición a AD durante el trienio sino que estas organizaciones —al igual que el Partido Comunista de Venezuela, que apoyó los ideales de la revolución de octubre— se sienten lastimadas y excluidas por AD, lo que generaba un clima de mucha tensión.
«AD consideraba, durante el trienio, que su organización y votantes encarnaban al pueblo y casi que tenían razón porque contaron con una mayoría que fue la más grande en la historia, y gobernaron con un celo y un sectarismo que enardecía a los otros partidos», argumentó.
Hizo énfasis en que la lección aprendida entonces fue que cuando las fuerzas que están a favor del voto popular, la democracia y las reformas no están de acuerdo, resulta más fácil que actores contrarios a la democracia ocupen el sistema, por lo que se impuso el criterio de que había que hacer las paces.
«Se trata de un acuerdo político de no agresión, tenían el convencimiento de que la moderación entre las élites es lo que permite el sistema político pluralista y significa que todos reconocen el sistema electoral y los resultados de las elecciones y que todos van a apoyar el gobierno que surja, así como un programa mínimo de gobierno que vendrá después», abundó Aveledo Coll.
Lo institucional por encima de lo personal
Félix Seijas coincide en que AD comete el error de haber tomado una actitud hegemónica durante el trienio y no abrirse a la participación de otros sectores.
«Incluso al ala militar le cerró las puertas de manera un poco brusca y todo eso generó un nuevo golpe», refirió.
Añadió que, retomada la democracia, toda la experiencia que ya se había vivido contra Pérez Jiménez y ante la presión de un ala militar que quiere volver a instalar un gobierno castrense hizo que se impusiera el llegar a un acuerdo entre los actores políticos principales.
«En ese contexto, Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Rómulo Betancourt retoman lo que habían hablado y firmado en Nueva York, con tres pilares fundamentales, respeto a las elecciones, gobierno de unidad nacional y un plan mínimo de gobierno. Buscaban ese consenso, sabían que la manera de tratar de estabilizar todo era ir hacia lo institucional, que eso estuviese por encima de lo individual. Ese es el corazón de Puntofijo», destacó.
Prosiguió Félix Seijas diciendo que, con miras a las elecciones de 1958, se armó un plan de gobierno con unas bases conjuntas y, una vez electo Betancourt, los demás partidos participaron dentro de ese gobierno, todo lo cual permitió que las cosas empezaran a funcionar.
El declive del pacto
Tanto Straka como Aveledo Coll y Seijas consideran que la dirigencia política tiene responsabilidad en que se dejaran a un lado las premisas del Pacto de Puntofijo.
«Es lo que pasa en general con la democracia que alcanza la mayor parte de sus objetivos en 10 o 15 años. Parece que todo estaba saliendo bien, los objetivos más altos parecen alcanzarse, y luego hay que replantear el sistema, actualizarlo», apuntó Tomás Straka.
Recordó que, pasadas las elecciones de 1958, y reconocido el ganador, Rómulo Betancourt, se enrumba un gobierno de unidad nacional, aunque poco después URD sale del gobierno «enamorado de la revolución cubana».
Aclaró, no obstante, que aunque el pacto se acaba relativamente rápido, el espíritu de alcanzar consensos se mantiene, y se logran vencer enemigos en los siguientes años.
A su juicio, en la década de los años 70, parte de aquel espíritu que llevó al Pacto de Puntofijo se mantiene con el «pacto institucional» (uno no firmado, pero que se mantuvo por cerca de dos décadas) entre AD y Copei, mediante el cual el partido de gobierno va a contar con la Presidencia de la República, pero se deja al partido de oposición y para mantener el equilibrio, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
«La primera cosa que desconsolida la democracia y que va a tener graves consecuencias es la aparición de la corrupción, mientras temas como la ineficiencia en los servicios públicos terminan siendo solapados y eludidos. La alianza dejará de ser para defender la democracia y se convierte en un asunto de reparto de cargos para garantizar la impunidad a ciertos personajes incómodos», señaló Straka
Considera el historiador que los dirigentes políticos pudieron decir «vamos a renovar el pacto», o darse cuenta de que ya no tenían que ser complacientes, o tener tanta solidaridad automática, por lo que no duda en señalar que los partidos tuvieron una enorme responsabilidad al no renovar la alianza.
Para Guillermo Aveledo Coll, elementos que acompañaron el Pacto de Puntofijo se mantuvieron en el programa mínimo de gobierno, la conducta de conciliación y consulta contante, y en la Constitución de 1961, que desarrolló aspectos programáticos de la Constitución de 1947, incorporando elementos como el encuentro entre empresariado y sindicatos y la abolición del patronato y la conducta de conciliación.
«El sistema democrático implicaba el reconocimiento entre los partidos y los sectores sociales. No había ningún tema que pudiera importar a organizaciones sociales que no se consultara a estas organizaciones, de educación a los gremios educacionales, política salarial a las centrales sindicales y empresariado y problemas financieros y monetarios a la banca. Toda una política de consulta permanente y presencia permanente de la sociedad en el Estado, que era penetrado por organizaciones de la sociedad», especificó.
Destacó que, en 1969, cuando un partido de oposición llega por primera vez al poder, se pone a prueba el espíritu del Pacto de Puntofijo, que se proyecta en el mencionado pacto institucional. «Lo que después se va conocer como puntofijismo y que hace referencia a la repartición entre los dos principales partidos de posiciones en el Congreso, dentro de las cámaras (Diputados y Senadores) y para que ningún partido saboteara al otro.
Precisó que todo cambia en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), cuando se tensan las relaciones del Ejecutivo con el partido y se rompe con cierta línea política de los expresidentes Betancourt y Leoni. En este sentido, señala que eso es lo que heredan Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, «un presidencialismo que lleva en buena medida a la crisis».
Añadió que algunos sectores sociales captaron más la renta petrolera de lo que se esperaba, cuando el pacto y conciliación de élites implicaba la idea de la igualdad, y esta situación fue haciendo mella en la eficacia del sistema, situación que se recalienta a finales de los años 70.
«A la hora de la verdad, cuando se tenían que tomar decisiones graves, el sistema estaba agotado y se prefirió evitar los conflictos, algo que parcialmente es herencia del Pacto de Puntofijo, pero llevó a no resolver los problemas», enfatizó.
En su opinión, no fue una crisis económica sino la ausencia de apoyos y el temor a que las élites retiraran el apoyo a la democracia lo que llevó a actuar timoratamente frente a algunas demandas sociales, y así, cuando se deciden cambios espectaculares no había la costumbre de aguantar. Eso pasó con las reformas de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno (1989-1992).
Cambio de rumbo
Félix Seijas expuso que luego del gobierno de Betancourt comenzaron a abandonarse los preceptos del pacto. Argumentó que en el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969), el llamado de Amplia Base, no participó Copei, y ya en el primero de Rafael Caldera (1969-1974), el pacto queda de lado porque se trató de una gestión completamente copeyana, con presencia de algunos independientes.
«Ya el pilar de la colaboración en el gobierno no estaba, pero tampoco el plan único y consensuado», acotó.
No obstante, también coincide en que el mayor ejemplo del distanciamiento es el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, de quien dijo, intenta orientar al país hacia un rumbo distinto al que venía transitando.
«No es que todo estaba mal sino que aquello de todo consensuado entre los partidos había dejado de existir», comentó.
Explicó que Pérez, durante su segunda gestión no le dio participación dentro de su gobierno a actores importantes incluso de su mismo partido, y, al contrario, intentó formar un gobierno sumamente profesional, lo que hizo que en AD sintieran que estaban dejando de lado piezas que debieron formar parte de ese gobierno.
«Se mantenía la institucionalidad, la separación de poderes y de hecho Pérez sale por la separación de poderes (el TSJ aprobó un antejuicio de mérito en 1992). Si se hubiese conservado lo de la participación de los partidos en el gobierno y la implementación de un plan consensuado, el país se hubiera estabilizado más», aseveró Félix Seijas.
Añadió como otro factor para el deterioro del sistema democrático la falta de renovación de los partidos políticos.
«Si bien la norma de que un presidente no podía ser reelecto sino hasta transcurridos dos períodos constitucionales buscaba la renovación, eso a lo interno de los partidos no funcionó; Rafael Caldera fue candidato todas las veces que pudo, Carlos Andrés Pérez fue reelecto presidente y en los partidos hubo divisiones, Primero Justicia surgió de Copei, también (Henrique) Salas Römer; son divisiones producto de que varios dirigentes no encontraron oxígeno allí», explicó.
Añadió que una parte de la sociedad comenzó a sentirse marginada y se amplió la percepción de que había una cúpula que se preocupaba por sí misma, lo que fue caldo de cultivo para que factores externos pudieran capitalizar ese descontento, lo que efectivamente sucedió cuando en 1998, Hugo Chávez sacó provecho de ese malestar.
«El proyecto de Hugo Chávez era personalista, por lo tanto, la institucionalidad no tiene cabida y más bien molesta, y eso fue lo que empezó a hacer (desmontarla)», aseguró.
Retomar el espíritu
En cuanto al paralelismo con la situación actual, Tomás Straka considera que, en este momento no se impone un pacto como el de Puntofijo, porque aun el chavismo está en el poder.
«Hay una diferencia importante porque el de Puntofijo lo hicieron los partidos una vez que tomaron el poder. La situación actual se parece más a los acuerdos de 1957, cuando los partidos comenzaron a hacer un mea culpa», indicó.
Desde su perspectiva, si algo tiene que tomar la Venezuela actual del Pacto de Puntofijo es el aprendizaje de la necesidad de acuerdos constructivos entre partes que en un primer momento pueden detestarse, pero que juntos pueden construir un sistema sólido.
Aseguró que el país amerita un clima de acuerdos como el que precedió al de Puntofijo.
Sobre la participación de los chavistas en un pacto de gobernabilidad como el de Puntofijo respondió que, si la actual oposición quiere hacer un pacto sin tomar en cuenta a los chavistas, la única razón es que estén concibiéndolo en función de desplazar al chavismo del poder.
«Un pacto de gobernabilidad con el poder en las manos del chavismo no se ve posible. Actualmente pareciera que el Estado y el gobierno está invitando a sectores de la oposición a que pacten una gobernabilidad donde él (el gobierno) sea el director de orquesta», sostuvo.
Agregó que, si ocurre un desplazamiento del chavismo del poder, la participación de este sector en un nuevo pacto de gobernabilidad dependería de cuánto poder termine teniendo. «El sector de Pérez Jiménez no tuvo presencia en el Pacto de Puntofijo porque no tenía partido político, pero hoy en día hay un partido en el poder y civiles muy importantes que podrían tener representación. Al día de hoy el chavismo es una fuerza importante, tiene un 20% de apoyo, que es bastante alto y hay un porcentaje mucho más alto que es chavista, aunque tiene problemas fundamentales con la actual administración, así que no es posible pensar en una Venezuela futura sin ofrecer nada a esta gente», advirtió
Guillermo Aveldo Coll señaló que, aunque las condiciones son distintas, bien valdría la pena que los sectores políticos retomen la actitud de no agresión y el reconocimiento entre las partes.
«Tenemos un Estado que consistentemente rechaza a la sociedad, que cuando habla a la sociedad lo hace desde la perspectiva de que está equivocada, que históricamente está mal establecida, que el sector empresarial es explotador y los partidos son aliados de este sector, por lo que sus acercamientos no son aperturas sino concesiones», explicó.
Cree el analista que un nuevo pacto con participación del PSUV sería cuesta arriba porque implica que el partido de gobierno reconozca a la sociedad y ésta reconozca al partido.
«El Estado calcula sus movimientos no en la idea de que hacen falta los empresarios, sindicatos y gremios, sino porque no tiene más remedio y espera que las cosas mejoren», acotó.
A su juicio, un pacto de sustitución de la línea de poder no parece posible, pero uno en el cual el propio poder se reforme y claudique en algunas de sus banderas es teóricamente posible.
Finalmente, Félix Seijas afirmó que el actual gobierno hegemónico debe cambiar y que luego de ese cambio, lo que venga, si quiere ser estable, necesita un pacto de gobernabilidad.
«En general, eso era lo que buscaba el Pacto de Puntofijo. Si aquí llega a haber un cambio van a venir momentos difíciles, tendencias que van a querer de nuevo un sistema hegemónico, militares aspirando a tener el poder, todo se va a volver muy frágil y tenemos un país distinto a aquel momento porque está económicamente muy golpeado y deprimido, por lo que un gobierno que no logre resultados rápidos, no es consensuado y no cuenta con un pacto, puede ser víctima de otros factores que pueden aprovechar el mal estado del país si no se tiene gobernabilidad».
Está convencido, como experto encuestador, de que ese nuevo pacto luego de superarse el gobierno hegemónico, debería incluir al chavismo. «Si no lo incluye, la estabilidad estaría en entredicho. En aquella oportunidad (1958) el pacto no incluyó a los comunistas por el contexto global (la Guerra Fría). El chavismo deberá estar presente, pero con reglas claras».
