Las denuncias por torturas no son nuevas en el caso de la operación Gedeón. Abogados y ONG denunciaron que varios de los militares acusados, al igual que los estadounidenses involucrados, han sido víctimas de este tipo de delitos

El juicio por la operación Gedeón, como se le conoce a la incursión fallida de varios militares en las costas venezolanas para derrocar a Nicolás Maduro, avanza con la presencia de torturadores como testigos convocados por los fiscales del Ministerio Público y la amenaza contra familiares por denunciar «interrogatorios ilícitos».

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que, durante la audiencia de juicio el martes 26 de octubre, tres testigos de organismos de inteligencia fueron llamados a declarar. El último testigo, perteneciente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al subir al estrado fue denunciado por uno de los acusados como su torturador.

«Él es uno de los que me torturó en custodia, era uno de los que me golpeaba», exclamó el imputado delante de la juez Hennit Carolina López, defensores y fiscales según el relato que hace la ONG.  El resto de los imputados también gritaron al funcionario de la Dgcim.

Alonso Medina Roa, uno de los abogados defensores del grupo, solicitó a la jueza y a los fiscales del MP investigar las denuncias contra el efectivo con base a la Ley Orgánica contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece que «cuando se observe un hecho donde presuntamente se hayan cometido actos en menoscabo de la dignidad humana, o se presuma hubo vulneración de los DDHH, deben investigarse». 

Pero la denuncia no encontró asidero. La jueza solo pidió orden a la sala, mientras que el fiscal del MP solo dijo que «no era la oportunidad» para reclamar este tipo de delitos.

Además, la ONG resaltó que al momento del incidente, los funcionarios de la Dgcim se acercaron a observar y amedrentaron a abogados y los imputados tras haber señalado a uno de sus efectivos como torturador.

Las denuncias por torturas no son nuevas en este caso. Abogados y ONG denunciaron que varios de los militares acusados, al igual que los estadounidenses involucrados, han sido víctimas de este tipo de delitos, así como la vulneración de su dignidad al exponer vídeos con supuestas confesiones, lo que en la legislación venezolana está prohibido a menos que exista una orden expresa de tribunales.

El caso más notorio de torturas fueron las sufridas por Josnars Adolfo Baduel, hijo del fallecido general Raúl Isaías Baduel. Sus familiares y el equipo defensor denunciaron que fue víctima de desaparición forzada, ahogamientos, golpizas, colgamientos y descargas eléctricas.

Además, han sido amenazados como medida para evitar que denuncien estos hechos. El pasado 12 de febrero, día que falleció Baduel padre, Josnars fue intimidado para que accediera a grabar un vídeo corroborando las presuntas causas de muerte del militar, hecho al cual se negó.

¿Qué pasa con la operación Gedeón?

Actualmente, el juicio por la operación Gedeón está en la fase del desarrollo de los debates y evacuación de pruebas, explicó la abogada Ana Leonor Acosta. Son 29 personas las que están siendo juzgadas en este caso.

«También hay un grupo que no tuvo ni siquiera la oportunidad de ir a juicio, a ellos nunca les permitieron -en la etapa preliminar- tener un abogado y los obligaron a declararse culpables. Estas personas fueron condenadas. Estamos hablando de más de 50 personas en esta condición», destacó Acosta.

Ese es el caso de Luke Denman y Airan Berry, dice la abogada, quienes fueron condenados a 20 años de prisión sin siquiera estar conscientes de la condena. Estos dos americanos, según investigaciones periodísticas, fueron contratados por la empresa Silvercorp para entrenar a un grupo de militares en Colombia, que luego realizarían la incursión a Venezuela.

Pero hay otros casos como el del teniente José Ángel Barreno, el sargento Anthony Reyes o el funcionario policial Jesús Rafael Ramos, cuyos familiares reclaman que fueron condenados a penas que abarcan desde los 10 hasta los 20 años de prisión por hechos en los cuales no estaban involucrados.

Neria Meneses, esposa del policía Ramos, señaló que al funcionario lo fueron a buscar a su vivienda y lo desaparecieron. Se le asignó un defensor público pues se le prohibió un abogado privado, «nunca nos explicaron por qué», y le obligaron a aceptar cargos que lo mantendrán en prisión por 10 años.

«Ni siquiera tengo claridad de cuales fueron esos cargos que le imputaron», dijo Meneses.

Una situación similar sucede con los familiares del teniente Barreno. Su madre, Maciel Cordones, desconoce los delitos por los que está detenido y enfrenta 20 años de prisión. «De verdad no sabría explicarte por qué mi hijo está preso».

A las 29 personas, entre civiles y militares, que sí pasaron a juicio por la operación Gedeón se les acusa por delitos de terrorismo, conspiración, de tráfico de armas de guerra, asociación y traición a la patria. «Actualmente el juicio lo lleva la jueza primero de Juicio con competencia en Terrorismo, que es la que lleva casi todos los casos como el del dron, Gedeón», señala la abogada.

Ana Leonor Acosta estima que posiblemente en un año se pueda dar la conclusión del juicio, debido a la cantidad de medios de prueba que se manejan. «Estamos hablando de 84 funcionarios actuantes, de 74 expertos, más de 30 documentos de exhibición, por eso creemos que va a tardar un tiempo a pesar de que todas las semanas se están fijando audiencias de juicio».

Fiscalía amenaza a los Baduel

Las denuncias por torturas no son lo único que dejó la última audiencia en el caso por la operación Gedeón. Andreina Baduel, hija del exministro Raúl Isaías Baduel, denunció que tanto ella como la abogada de su hermano Josnars Adolfo Baduel, vinculado a esta operación, fueron amenazadas con iniciar una acción penal por objetar los interrogatorios.

Yasnaía Villalobos, abogada de Baduel, resaltó que las amenazas del Ministerio Público están basadas en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de mayo de 2021, donde se le impuso una multa de 50 unidades tributarias por haber solicitado una medida que permitiese dar con el paradero de Josnars Baduel, puesto que a sus familiares se les había negado las visitas de forma sistemática desde que fue apresado.

Dicha sentencia del TSJ, firmada por el magistrado Juan José Mendoza, además ordena a la Fiscalía General de la República que «proceda a verificar lo conducente por los presuntos hechos punibles cometidos por la accionante Andreina Mairuth Baduel Oyoque y señalados en este fallo, así como cualquier otro que pudiera emerger de la investigación».

La abogada comentó a TalCual que los fiscales del MP violaron el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) durante el manejo de un interrogatorio de un funcionario de la Dgcim. Entre otras cosas, este apartado establece a las partes (defensores y fiscales) los métodos aceptados y formas prohibitivas de interrogar.

«Todo el tiempo entre nosotros mismos nos formulamos objeciones unos a otros. Eso es lo rutinario. Lo inverosímil de todo lo sucedido fue que la audiencia se convirtió en una noche de amenazas por parte del Ministerio Público, que cerró con la actitud desmedida y virulenta de la Fiscalía», aseguró Villalobos.

Lo que es una situación regular en el desarrollo del debate, dijo la abogada, la Fiscalía «pretendió transfigurarlo, convertir la objeción en un delito y así, de ser el objetado pasar a ser el perseguidor del litigante en un nuevo proceso, haciendo uso arbitrario de sus funciones legales y constitucionales».

A juicio de la Yasnaía Villalobos, el MP realiza esta acción «con la falsa creencia de que los espacios defensivos y la protección de los derechos de Josnars Adolfo y Andreina serán cedidos».