La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio inicio a una investigación en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ahora le corresponde a una Sala de Cuestiones Preliminares avalar este paso. Analistas consideran que la firma de un memorando de cooperación, además de la investigación, traerá ciertos cambios dentro de la administración de Nicolás Maduro en materia judicial y de respeto a los derechos humanos

El pasado 3 de noviembre, en el Palacio de Miraflores y en presencia de Nicolás Maduro y altos funcionarios, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó del cierre del examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, para dar paso a la fase de investigación.

La decisión sorprendió a abogados, activistas y la sociedad civil, que no esperaban una respuesta tan pronta del británico sobre este caso. Aunque todavía se desconoce el informe de cierre del examen preliminar, es de presumir que la etapa inicial de investigación estará basada en presuntos delitos cometidos en territorio venezolano a partir de 2017, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda ampliar este lapso de tiempo.

Los delitos a investigar, así como los acusados por estas graves violaciones a los derechos humanos, serán algunas de las cuestiones sobre las que se avanzará en esta etapa. Por lo pronto, la resolución del británico debe pasar por la Sala de Cuestiones Preliminares, que ratificará si hay elementos suficientes para proceder a la investigación.

Para Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, aún es difícil ver los escenarios que puedan desencadenarse tras el anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y pone la lupa en países donde han ocurrido circunstancias similares. “Suceden mayormente dos fenómenos en los procesos en los cuales se han activados tribunales penales internacionales: Uno, los más radicales se atrincheran, los perpetradores suelen radicalizarse, pero también se ha verificado en otros casos cómo aquellas ramas del Estado que no están involucradas en crímenes de lesa humanidad van abandonando a los perpetradores”.

Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, recuerda que si la investigación produce una sospecha fundada de partícipes en estos crímenes, la Fiscalía puede solicitar órdenes de aprehensión para cualquier funcionario venezolano.

Destaca los casos de mandatarios en ejercicio que fueron solicitados por la Corte Penal como Libia, donde se juzgó a Muammar Gaddafi, a varios de sus ministros e incluso su hijo enfrentó un proceso penal en otra instancia.

También está el caso del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gagbo donde hubo orden de arresto, que fue ejecutada y terminó en una sentencia absolutoria por la falta de pruebas, mientras que uno de sus colaboradores tuvo una sentencia mínima, también por problemas en las pruebas, a pesar de la gravedad de los delitos que estaban siendo juzgados.

Mientras que Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, dice que es puramente lógico que la estabilidad de altos funcionarios se vea comprometida, “porque no estamos hablando de que van a ser acusados de crímenes comunes, sino de lesa humanidad. En un país serio, tendría consecuencias y repercusiones. Ya veremos que sucede en el caso venezolano”.

Cambio de actitud

La presidenta de Control Ciudadano destaca el memorando suscrito entre la administración Maduro y la Fiscalía de la CPI. “En pocas palabras le está diciendo al Estado venezolano ‘te doy el chance de que investigues y hagas justicia’. Vamos a ver de qué manera el Estado hace justicia en términos de los estándares de la Corte Penal. Estos estándares incluyen obligatoriamente a los mandos superiores involucrados en los crímenes, cuestión que no ha ocurrido hasta el momento en Venezuela”.

Si lo hace el Ministerio Público y los tribunales venezolanos, veremos la dinámica que se desarrolla, reitera. “Pero es muy probable que ocurran delaciones, que ocurran procesos de información que se generen de efectivos policiales y militares directamente a la Corte Penal, es decir que rindan declaración a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ya sea por miedo o para no ser arrastrados como cómplices de sus obligaciones”.

Mientras que el analista y abogado en derecho constitucional Juan Manuel Raffalli afirma que la decisión de la CPI genera “un elemento de tremenda presión” sobre el sistema de justicia venezolano, empezando por la Fiscalía, “y creo además que la enorme virtud de lo que se firmó (memorando) es que es un acuerdo vinculante para la República de Venezuela respecto del deber de colaboración con la investigación”.

Coincide en que esa presión también alcanza a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Cree que si en un futuro próximo se producen manifestaciones como las de 2017, “va a haber un cambio sustancial de actitud respecto de los manifestantes porque estaría en juego la responsabilidad penal internacional de todos los funcionarios que intervengan en esos actos lesivos de los derechos humanos”.

Por ello, asegura que estas acciones de la Fiscalía van a generar un cambio de actitud, “la imposición de un deber de colaboración con la investigación (…) Estoy convencido de que en el fondo tiene que generar una enorme preocupación, no solo a los responsables de no haber juzgado y aplicado la ley en esos casos dentro de Venezuela, sino a todos los implicados con distintos grados de participación”.

A pesar de ello, es cauto sobre el grado de impacto que esta decisión de la Fiscalía de la CPI va a tener en la solidez y la cohesión del régimen venezolano. “Sin duda no es poca cosa, y lo que se va a generar a medida que vayan pasando los tiempos procesales va a ser todavía más preocupante para las bases de apoyo del régimen, que además no solo tiene el frente abierto de la Corte Penal Internacional, sino sabemos que hay extradiciones y procesos abiertos en distintos países. Son pesadas piedras en una carreta que ya tiene bastante dificultades para caminar bien”.

Lo que espera Raffalli es que este proceso se transforme en un catalizador del proceso de negociación en México. “Obviamente ellos van a esperar qué pasa el 21 de noviembre porque es una medición de fuerzas estratégicas, pero yo sí creo que ahora con más razón esta decisión de la CPI puede motivar a un cambio de actitud en el proceso de negociación y de acuerdo para mostrar al mundo entero una cara pro democracia, una cara por cumplimiento de la Constitución y tratados internacionales, creo que puede ser un buen catalizador y eso sería muy positivo”.

Fuerza Armada afectada

Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, dice que el inicio de la fase de investigación afecta “a los mandos superiores civiles y militares” que en Venezuela hayan estado involucrados en los crímenes previstos en el Estatuto de Roma.

“Cuando hablamos de mandos superiores hablamos de mandos políticos, relacionados con la conducción de la Fuerza Armada Nacional, órganos de inteligencia del Estado. No podemos olvidar que ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había determinado desde 2020 que habían fundamentos razonables para creer que la PNB, la Dgcim, el Sebin, las FAES, el Cicpc, la Guardia Nacional, el Conas y la Fuerza Armada, algunos de sus miembros podrían estar involucrados en crímenes de lesa humanidad”, señala.

Uno de los escenarios que ve posibles es el aumento de delaciones o colaboraciones de efectivos civiles y militares para zafarse de posibles investigaciones en su contra. Recuerda que ya hay casos de funcionarios retirados como los generales Hugo “el Pollo” Carvajal y Manuel Cristhopher Figuera, que revelaron haber ofrecido información a la CPI.

“Eso es un mecanismo muy difícil porque pueden quedar en riesgo, ser perseguidos, objetos de todo tipo de ataque, pero es probable que encuentren el modo de hacerlo para garantizar su seguridad”, dice la abogada.

Lo que está claro es que hay crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por el Estado venezolano, asegura San Miguel, “y si no lo hacen, serán investigados por la Corte Penal Internacional. Esto tiene una historia finita que va a ocurrir, lo que va a cambiar es que sea más rápido, más lento o que el Estado venezolano sea efectivo para juzgar no solo a los responsables materiales sino a los mandos superiores civiles y militares, que es un estándar internacional al que obliga el Estatuto de Roma”.

Proceso largo en la CPI

Al igual que otros procesos que se realizan en la Corte Penal Internacional, como la fase de examen preliminar, la investigación no tiene un tiempo determinado.

El experto en derecho penal internacional Fernando Fernández indica que el Estatuto de Roma no prevé ningún lapso para cerrar una investigación. “Ya están abiertas investigaciones en Venezuela, y hasta donde tenemos noticias están limitadas a los mandos bajos, pero en nada tiene que ver con el foco y alcance relevante para la CPI”.

Indica que hasta los momentos no hay precisiones sobre personas responsables, “la investigación es para eso y se sabrá al final cuando la Fiscalía esté en capacidad de incoar un juicio”. También considera como “histórico” la firma de un memorando de cooperación que tiene dos temas, donde se abre el proceso de investigación para determinar responsables y los tipos de delitos, y la oposición que ya ha expresado el régimen al cierre del examen preliminar.

“Hay que tener claro lo siguiente, la jurisdicción primaria y directa la tienen los Estados, eso es parte del ejercicio de su soberanía. La CPI solo actúa de manera complementaria, cuando se demuestra que el Estado no puede ni quiere (…) La Fiscalía está en perfecta capacidad de darles apoyo, pero como ya sabemos que hay juzgados de baja jerarquía, no va a haber pertinencia en la investigación, a menos que el Estado dé pruebas de juzgar a los altos responsables”, explica.

Rocío San Miguel también destaca que este es “un camino largo, que requiere constancia, estrategia jurídica y de equipos de víctimas, expertos y abogados que den seguimiento a los casos tanto en instancias internacionales como consolidando pruebas en el ámbito interno”.

Rememora su propio caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tomó 14 años para obtener una resolución. “También hay que entender que todos los perpetradores (…) generalmente la Corte, en casos comparados, ha juzgado a los más altos funcionarios”.

Juan Manuel Raffalli destaca que la administración Maduro debe ser “muy transparente”, es decir, debe cumplir con el acuerdo y colaborar en caso de que funcionarios vengan a inspeccionar condiciones de reclusión, consultar sobre el estatus de algunos casos o entrevistarse con gente que está relacionada con estos hechos.

“Cualquier posición obstruccionista es peor remedio que la enfermedad. Esto respecto del deber colaborativo que tiene pero, además, preventivamente también tienen que tomar medidas. En esta fase, con mayor razón, deberían ser los primeros que empiecen a activar procesos judiciales para juzgar a la gente que está implicada en una serie de casos que no han sido resueltos, donde no hay imputados, donde las explicaciones que se han dado son absolutamente inverosímiles, y eso puede implicar la aceptación de gente que está allí en su base de apoyo”, resalta el abogado.

Ahora tendrán que ponderar los costos de mantener una actitud similar a la que había hasta ahora, insiste Raffalli, “o entrar en una fase de cumplimiento pleno del acuerdo y de prevención dentro de la fase de investigación que lo va a llevar a tratar de lavarse el rostro lo más posible”.