El antiguo comisionado de la Policía Estadal de Barinas y varios efectivos de diversos rangos continuarán siendo investigados por presuntos delitos relacionados a violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017 y 2018

La sala dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas anuló el sobreseimiento de la causa para 50 efectivos policiales acusados por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2017 y 2018, informó la ONG Una Ventana a la Libertad.

El juez Humberto José Zambrano, a cargo de la Corte de Apelaciones, indicó –según recoge la ONG– que el sobreseimiento recae en el comisionado Luis Ramón Valor, el supervisor Lundomar Angarita, el oficial jefe Carlos Alfonso Rivas y el oficial agregado Yurumay del Carmen Crespo, quienes aparecen incursos en varias investigaciones judiciales por violación de derechos humanos en la región.

Más de 40 funcionarios de la Policía de Barinas también continuarán bajo investigación, pese a que el Ministerio Público había solicitado que se desestimara cualquier proceso penal en los cuales estaban presuntamente involucrados.

La medida se conoce luego de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitara Venezuela y anunciara el inicio de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a raíz de las protestas antigubernamentales de 2017.

Khan dijo que, si bien en el examen preliminar «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo», la «investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».

Su antecesora, la abogada gambiana Fatou Bensouda, consideró en un informe -que fue hecho público este año- que existían suficientes evidencias que apuntaban que en Venezuela se cometieron los delitos de encarcelamiento y severa privación física de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual agravada, y persecución de un grupo identificable por motivos políticos.

En los últimos meses, el Ministerio Público ha enviado informes sobre el desempeño de la justicia en el país y los avances relacionados a casos donde se presume violación de los derechos humanos. Este fue uno de los argumentos esgrimidos por el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, para desestimar el inicio de la investigación en la CPI, pues considera que el examen preliminar todavía no se ha cerrado.

En septiembre de este año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, determinó que el sistema judicial está «comprometido» con violaciones de derechos humanos en el país, principalmente por la persecución de opositores o personas que el Gobierno perciba como tal.