Un paquete de normas beneficiosas para el empresariado nacional, especialmente en materia de emprendimiento y empresas emergentes, podrían no tener el impacto deseado si el gobierno chavista no cambia algunas de sus prácticas económicas actuales como el encaje legal o la exoneración de aranceles para importación
El chavismo insiste en crear nuevas maniobras para corregir el descalabro económico desatado bajo la administración de Nicolás Maduro, y con el apoyo de una Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 casi totalmente roja, el marco legal empieza a plasmar estas nuevas ideas en beneficio de la economía.
Tras dos décadas de control y regulación constante sobre la actividad empresarial, desprecio a la propiedad privada, desincentivación de la producción nacional y cerco a la banca, el giro de dirección parece empezar a beneficiar a estos sectores.
Así lo reflejan instrumentos legales como la recién aprobada Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, un documento aprobado en menos de 24 horas por el Parlamento, que busca otorgar un marco legal beneficioso para las empresas emergentes y los emprendedores del país.
El instrumento no posee un mal trasfondo e incluso aterriza de forma oportuna las propuestas del sector empresarial, pues se produjeron varios contactos y encuentros entre emprendedores y la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.
El fin último de la ley es crear un ecosistema favorable para el desarrollo del emprendimiento nacional, con la premisa de que impulse el crecimiento armónico de la economía nacional con la producción de bienes y servicios locales.
En este sentido, los artículos abogan por incrementar las facilidades para la generación de empresas y actividades productivas de la mano de apoyo financiero e institucional, con la implementación de créditos o la simplificación de trámites administrativos.
Así lo exhibe el artículo 9 del instrumento legal, al establecer la supresión de trámites administrativos «innecesarios» para la constitución y el funcionamiento del emprendimiento como actividad nacional, al igual que la reducción de requisitos y exigencias a los emprendedores.
Su artículo 11 indica que para el Estado debe ser una prioridad la «promoción de políticas de financiamiento para nuevos emprendimientos» así como la creación de políticas públicas para facilitar el acceso a financiamientos.
El otro gran énfasis de la ley es en torno a las compras públicas, al exhortar al Estado a privilegiar la contratación de empresas nacionales para la adquisición de bienes y servicios, en lugar de fijar los ojos fuera de la frontera.
Estas iniciativas efectivamente repercutirían de forma positiva en la actividad empresarial y la proliferación del emprendimiento. Sin embargo, la normativa dicta una realidad que por los momentos es inaplicable al contexto de la economía venezolana.
Revisiones necesarias
Las políticas públicas del chavismo, que han condicionado la actividad económica en los últimos 20 años, generaron un contexto poco propicio para aplicar estos artículos y propuestas.
Para muestra un botón, el encaje legal, impuesto por el Banco Central de Venezuela (BCV) como una directriz del gobierno de Nicolás Maduro, es incompatible con una política de otorgamiento de créditos que ahora propone la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos.
La banca, asfixiada, no puede prestar dinero a la empresa privada porque tiene la obligación de enviar el 85% de los depósitos que recibe al BCV, que retiene este dinero para limitar la liquidez monetaria.
Entretanto no se aplique un cambio de esta política es imposible que la nueva ley y sus artículos puedan prosperar, puesto que establecen el financiamiento al emprendimiento como una política estatal.
Al respecto, el vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, Orlando Camacho, sostiene que es necesario que las instituciones que rigen en materia económica revisen la pertinencia del encaje legal, bajo el argumento de que fue una estrategia aplicada coyunturalmente que ya pudo haber perdido su función.
«El encaje legal ya lleva tiempo. Hay que reevaluar si es pertinente, si es viable o no. Eso podríamos verlo en el primer o segundo trimestre del año que viene y podríamos a volver a visualizar los financiamientos», resaltó.
En otras palabras, durante el primer semestre de 2022 se prevé una revisión y posible disminución del encaje legal que ha asfixiado a la banca desde que inició la pandemia.
Mientras que la banca exige que se relaje esta política, desde el oficialismo sostienen que es necesario restringir la liquidez monetaria para evitar la compra excesiva de dólares, lo que evita el incremento del valor de la divisa.
Con una oferta ampliada gracias a la inyección semanal de divisas del BCV y una demanda reducida provocada por la escasez de bolívares, se logra un anclaje artificial del tipo de cambio, que ha mantenido estabilidad en los últimos meses.
La disminución del encaje legal podría generar una fluctuación importante del tipo de cambio, pero es necesario para retomar la actividad crediticia, imprescindible para darle dinamismo a la economía e incrementar la producción y comercio nacional.
Para Camacho, sin embargo, es necesaria una mayor participación de la banca y de capitales privados. Insiste en que el sector bancario debe incrementar su capitalización para gestionar créditos en este nuevo escenario de incentivos para el sector privado.
«Ahora la banca tiene que hacer sus aportes para recapitalizar, para poder fortalecer los bancos. Los dueños de los bancos tienen que aumentar capital, hacer ajustes en sus estados financieros para poder participar en el sistema de financiamiento», argumentó.
Otro punto focal de las compras públicas en la nueva normativa en beneficio del emprendimiento también requiere un cambio estructural en la dinámica económica actual que las instituciones deben tener en cuenta, puesto que en los últimos dos años se ha premiado la adquisición de bienes importados mientras se deja de lado la producción nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro, en su giro hacia una economía de mercado y ante las limitaciones propiciadas por las sanciones, ha volcado su mirada hacia el empresario privado. Abandonó su rol paternalista en materia económica y ha dado rienda suelta a la estructura empresarial.
No obstante, antes de adentrarse en un proyecto que fomente la producción nacional y recupere la generación de bienes y riquezas a mediano y largo plazo, buscó una solución más inmediata en un intento por atajar el hambre y el desabastecimiento del país.
Por eso se enfocaron principalmente en las importaciones, lo que los llevó a ordenar la exoneración de aranceles de cientos de productos terminados, como detalla el Decreto Nº 4.080 de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.497 con fecha del 26 de diciembre de 2019.
Durante los últimos 22 meses esta medida la han prorrogado en múltiples ocasiones, a la vez que los productores privados del país se quejan ante el Ejecutivo al considerar que las importaciones perjudican la venta de productos nacionales.
Mientras que las materias primas importadas, necesarias para la producción local, deben ser adquiridas a precio completo, los productos elaborados en el extranjero llegan al país con descuento. Como resultado, el comercio de bienes foráneos es más accesible que los nacionales, dando lugar a una competencia desleal.
El productor nacional se ve en la obligación de rebajar sus precios para competir con el bien importado, reduciendo sus ganancias al mínimo posible para mantener la operatividad de sus unidades de producción, mientras que el importador saca una tajada más generosa de su actividad comercial.
Ahora, dos años después de beneficiar la importación de bienes extranjeros, la ley menciona las compras públicas y resalta como una prioridad que el Estado firme contratos con la empresa privada y cualquier iniciativa de emprendimiento.
Para que esto pase, es necesaria una estrategia más eficiente de importaciones, que garantice la adquisición de bienes y servicios esenciales para el país que no se produzcan localmente, en lugar de insistir en importaciones que acaban compitiendo y perjudicando la producción nacional.
Camacho justifica la exoneración arancelaria al argumentar que fue una medida necesaria en un contexto de desabastecimiento ocasionado por —según el discurso oficialista— la «guerra económica».
«Hoy día, si no se hubiese tomado la medida de quitar algunos aranceles y suavizar normativas vigentes para que entrara el abastecimiento, tendríamos mayor complicación en nuestra calidad de vida», subrayó.
Pero coincide en que el Gobierno debe girar el rumbo y enfocarse en el producto nacional, no solo para el beneficio de productores y empresarios sino porque incluso puede disminuir los precios y facilitar el consumo por parte de la población.
«El Gobierno está enfocando políticas públicas para poder comprar más ‘hecho en Venezuela’ que los productos importados. Cuando compras en Venezuela es menor la cantidad de divisas que requieres», sostuvo.
Emprendedores preparados
Las expectativas de la ley no se sustentan únicamente por lo estipulado en el papel sino por el rol que han asumido emprendedores y empresarios que podrían verse beneficiados por este instrumento.
Durante meses, actores del sector privado han entregado propuestas a la Asamblea Nacional administrada por el chavismo para ayudar a dar forma a la ley. La otrora diatriba política quedó atrás y, progresivamente, el gobierno chavista y el empresariado han tenido que saber entenderse.
Así lo destaca el presidente de la Cámara Venezolana de Nuevos Emprendedores y Exportadores (Cavenemex), Henry Marcò Pinto, al destacar que el empresario no debe casarse con ningún bando político sino, más bien, trabajar de la mano con cualquier actor que les facilite la operatividad en el país.
«Los empresarios nos dimos cuenta de que era necesario apartarnos del tema político. Nos dedicamos a producir. Nuestra premisa es ser empresarios, no estar de un lado ni del otro. Nos dicen que somos progobierno, pero en realidad estamos en pro de la producción nacional. La política está muy alejada de nosotros», destacó.
Desde Cavenemex consideran que la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos es un documento positivo para la actividad empresarial del país, ya que fomenta la innovación y la formación de nuevas empresas.
Esta nueva política gubernamental tiene como finalidad impulsar la producción nacional, fuertemente menguada en la última década. La dependencia en el músculo de la industria petrolera y el paternalismo estatal establecido por el chavismo condujeron a un escenario económico desequilibrado, en el que los ingresos por conceptos de exportación de crudo ascendieron y la venta de cualquier otro tipo de producto nacional se contrajo.
No en vano, el producto interno bruto (PIB), que calcula el equivalente al valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por el país, se contrajo un dramático 80% desde sus niveles en 2013.
De la mano con la contracción del PIB también se evidenció una pronunciada caída en las exportaciones. Un país que produce menos, vende menos y, por consiguiente, genera menos ingresos.
Para 2012 se registraron exportaciones por un valor de 95.035 millones de dólares, según data del Banco Mundial, mientras que las importaciones se calcularon en 59.073 millones, reflejando un superávit en la balanza comercial.
En contraste, para 2020 las exportaciones se estiman en aproximadamente 5.082 millones de dólares. Es decir, se habrían contraído un 94% en los últimos nueve años. Frente a esta cifra, las importaciones se calculan en unos 6.636 millones de dólares, por lo que ahora la balanza comercial es desfavorable.
Las sanciones de Estados Unidos jugaron un rol fundamental al momento de dar forma a estas cifras. Sin embargo, la capacidad del gobierno chavista para progresivamente aprender a burlarlas y la colaboración con el sector privado, sumado con una política más flexible por parte de Washington, han permitido una leve pero sostenida recuperación en 2021.
A falta de cifras y balances anuales, distintos organismos han reportado un incremento de las exportaciones venezolanas. Pero son las mismas empresas las que aseguran que esta situación ha cambiado favorablemente en los últimos meses y la ley para el fomento del emprendimiento podría contribuir con este panorama.
«El Estado da las facilidades para que tu idea evolucione y se mantenga en el tiempo. El mercado internacional requiere constancia, es algo que se crea. En Venezuela está pasando eso, las empresas exportadoras están creando esa cultura. Vienen nuevos inversionistas y se está creando una marca país, un nuevo proceso productivo», garantizó Marcò Pinto.
El crecimiento de Cavenemex es un reflejo de esta realidad, pues desde el año pasado la cantidad de agremiados de esta cámara creció de 300 a 1.700. La pandemia, el proceso de liberación económica y las políticas gubernamentales han propiciado un aumento de los emprendimientos en estos dos años.
Las cifras que maneja Cavenemex en función de sus asociados les ha permitido detectar un crecimiento sustancial de emprendimientos en diversas áreas. El sector de telecomunicaciones creció un 15%, la gastronomía un 60%, la producción de alimentos un 20% y la salud un 15%, por mencionar algunas de las variaciones más importantes.
Por su parte, el pasado 13 de octubre, Maduro aseguró que ya 116.000 empresarios formaban parte del Registro Nacional de Emprendedores, una red creada por el chavismo durante la pandemia para generar cifras sobre emprendimiento y ofrecer facilidades como las expuestas en la nueva ley.
Todo este contexto es favorable, a juicio de Marcò Pinto. Esta suerte de formalización de la actividad emprendedora permite superar barreras que tradicionalmente se han impuesto al emprendimiento, relacionadas precisamente con la asignación de financiamiento y el papeleo necesario para constituir una empresa.
«La ley es importante para el proceso de impulsar el emprendimiento en el tema de financiamiento, del registro de las empresas. Antes la discrecionalidad funcionarial nos afectaba mucho a la hora de exportar o producir», apuntó.
En este sentido, desde la cámara se reportan «negocios serios» con países que no solían formar parte de la lista de socios de la empresa venezolana. Los privados han vendido sus productos a países como Rusia o Dubai.
El emprendimiento y sus problemas estructurales
A pesar del optimismo en torno a los artículos de la nueva ley y el panorama favorable que intenta proyectar, algunos empresarios siguen preocupados por el apoyo que realmente supondrá este nuevo marco legislativo.
La empresaria Luz Rodríguez, presidenta de la exportadora de frutas Casa Fresca, advirtió que pese al apoyo que ha surgido gracias a las ideas recientes del Ejecutivo, hay un problema mucho más estructural que perjudica los negocios.
En concreto, hizo énfasis en que las leyes quedan de lado cuando son los funcionarios quienes deciden el manejo de los procesos institucionales y dilatan o aceleran el proceso a discreción.
«Más que un Estado reformista, necesitamos de funcionarios públicos que diseñen políticas públicas junto al sector privado. Los diputados crean el instrumento jurídico, pero ¿luego quiénes lo aplican? Los funcionarios. Nosotros hemos recibido un apoyo maravilloso de muchos funcionarios, sin embargo, con otros ha sido complejo», señaló.
Rodríguez destaca, además, que se sigue primando la importación antes que la producción nacional, precisamente porque registrar una marca dedicada a la importación de bienes de consumo es mucho más sencillo que consolidar un emprendimiento de exportación, que acaba siendo más beneficioso para el país.
«Importar es extremadamente fácil. Cualquiera con un mínimo de capital importa sin mayores trámites ni papeleos, especialmente con los servicios puerta a puerta que abundan hoy en día. Sin embargo, exportar no es igual. Tenemos que llegar al punto donde exportar sea una actividad ordinaria, no extraordinaria», acotó.
Las palabras de Rodríguez cobran aun más peso al considerar que Venezuela es el país de Latinoamérica en el que más tiempo y esfuerzo tarda una pequeña empresa en completar los trámites administrativos y burocráticos necesarios para operar legalmente.
De acuerdo con el Índice de Burocracia Latinoamericana (IB Lat), son necesarias unas 945 horas anuales en promedio para formalizar el registro de una firma y deben superarse unos 68 procesos. Esta cantidad de requisitos dilata la conformación de nuevas empresas y, por supuesto, contraviene cualquier entorno beneficioso para el emprendimiento.
Además del letargo administrativo, el financiamiento es más bien un mito actualmente. Casa Fresca empezó sus actividades hace unos cuatro años y, según Rodríguez, en este período jamás han recibido crédito alguno, ya sea de instituciones públicas o privadas, una evidencia de las condiciones poco propicias con las que ha trabajado el empresario en los últimos años, y que esperan corregirse con la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos.
Pese a las disposiciones generales, resta darle forma a las propuestas concretas y a las políticas públicas que se desarrollen en función del instrumento. Quedará en manos de la Vicepresidencia para Economía y Finanzas y sus organismos dependientes el verdadero éxito de la ley en los próximos meses.
