La presidenta del Centro de Formación e Investigación Laboral (CEFI) y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical Jacqueline Richter considera inevitable que el gobierno haga algunas concesiones a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT; sin embargo, insiste en advertir que la política del Ejecutivo chavista es destructora del empleo productivo y conduce al país hacia la esclavitud

El pasado domingo 6 de noviembre, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó al organismo parte de la ONU, aplicar medidas contra el gobierno de Venezuela por el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta que examinó la observancia por parte del Ejecutivo chavista de los convenios para fijación de salarios mínimos y libertad sindical, en una decisión que causó polémica porque dejó para marzo la toma de decisión correspondiente.

La Comisión de Encuesta emitió un informe en septiembre del presente año, en el que detalló diversas formas de agresión hacia empleadores y trabajadores en Venezuela; obstaculización del ejercicio de la libertad sindical; un precario y casi inexistente diálogo social; e inexistencia del diálogo tripartito con las organizaciones representativas del sector laboral en el país.

Ya en marzo del presente año, el Consejo de Administración de la OIT había decidido continuar presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que cumpliera con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Encuesta, las mismas que Maduro rechazó, por lo que algunos sectores esperaban una acción más contundente por parte del organismo.

La decisión del Consejo de Administración reconoció, en cambio, los esfuerzos del gobierno chavista por llevar adelante un diálogo social y recomendó instalar un foro sobre esta materia con asistencia y acompañamiento de la OIT.

Para la presidenta del Centro de Formación e Investigación Laboral (CEFI) y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical Jacqueline Richter, es un hecho que en 2022 vendrá a Venezuela una comisión de la OIT que verifique los avances del cumplimiento de las recomendaciones; sin embargo, cree que la política del gobierno de Nicolás Maduro es destructora del empleo productivo y que solo se limitará a hacer algunas concesiones puntuales.

Richter, abogada especialista en derecho del trabajo y doctora en sociología, no encuentra nada negativo en que el Consejo de Administración haya reconocido los supuestos esfuerzos por parte del Ejecutivo por impulsar un diálogo social. Al respecto, afirma que es algo muy común este tipo de trato en las relaciones de trabajo; no obstante, resalta que, seguidamente, en el documento recomienda el envío de una misión especial para dar asesoría técnica, con lo que, explícitamente, se le está diciendo al gobierno que no sabe hacer las cosas.

«El informe de la Comisión de Encuesta no dice que es con el objetivo de sancionar al gobierno debido a que son una cuerda de malvados; dice que es por la reconciliación y la justicia nacional. Si quiero reconciliarme tengo que crear instancias, espacios para que las partes se sienten a conversar y que la parte en incumplimiento vaya dando mensajes de su disposición a cumplir mínimamente. Así que, si en marzo esto no ocurre, la decisión será diferente», expresó.

Explicó además que, en marzo del 2022, la decisión tal vez sea una manifestación según la cual se indique que se deplora profundamente la situación o la actitud del gobierno, que no es que se van a enviar Cascos Azules ni mucho menos, pero que una sanción es muy grave dentro del sistema laboral y sindical internacional.

Jacqueline Richter: es cantinflérica la respuesta del gobierno ante la OIT

—El Consejo de Administración de la OIT dejó para marzo de 2022 la decisión sobre la evaluación del cumplimiento por parte de Venezuela de las recomendaciones de la Comisión Encuesta. ¿A qué atribuye la demora en tomar la decisión, toda vez que ya desde abril el gobierno venezolano había desestimado el informe de la comisión?

—Los tiempos internacionales no son como los nacionales. Estamos emocionados con haber pasado a la fase II del proceso en la Corte Penal Internacional. Hace días salió una sentencia sobre Ruanda y es un caso de los 90, mientras que la solicitud de la Comisión de Encuesta se hizo en 2016. La OIT le dio cuatro oportunidades previas para evitar una comisión de encuesta, la última abortó dada la intransigencia el gobierno.

«Es común en un órgano en que las decisiones deben tomarse por consenso entre tres actores sociales —empleadores, trabajadores y Estado— que tales decisiones no satisfagan solamente a un actor, que no se haga lo que quiera uno solo, sino que cada uno ceda un pedazo para lograr el objetivo final. El objetivo del gobierno era cerrar expediente. ¿Lo logró? No».

—¿Esa nueva demora en tomar una decisión por parte del Consejo de Administración es explicable? Ya el gobierno había dicho en abril que rechazaba la Comisión de Encuesta.

—El gobierno es la cosa más extraña del mundo. No aceptó las recomendaciones de la Comisión de Encuesta porque «violan mi ordenamiento jurídico, mi Constitución y todo lo demás»; entonces, uno asume que si dice que no acepta va a decir que irá a la Corte Internacional, que es lo que corresponde, porque si usted tiene un contrato para pintar una pared y la contraparte dice que no va a pintar y no te voy a dejar entrar al inmueble porque es mío, usted piensa que va a demandar, pero luego dice «¿por qué no vienes mañana y vemos qué pintura vamos a comprar?». Es una respuesta cantinflérica. Dice «no acepto la recomendación, pero voy a hacer todo para el diálogo social y cumplir los convenios y me encantaría que usted me ayudara, pero no acepto la recomendación».

—¿Tendría chance en la Corte Internacional frente a las misiones de la OIT?

—Por supuesto que no, ninguno. Pero la otra cosa es que este gobierno no es tonto. Tiene aliados en el Consejo de Administración de la OIT, tiene a dos grandes, China y Rusia, también Irán, y otros como India, África, que no entienden nada y les parece exótico.

—¿Qué se puede esperar de ese diálogo social?

—No se puede esperar mucho porque este gobierno tiene una política laboral destructora del empleo productivo. Sin eso no hay posibilidad de cumplir cualquier convenio. Un Estado que tiene salario mínimo Bs 7 y un bono de alimentación de Bs 3, ¿qué política laboral es esa? Es un Estado que promueve la desalarización del ingreso, porque ni en el sector público ni privado se está ganando eso, se dan bonitos sin carácter salarial.

«Es un Estado que viola su propia legislación y hace fraude laboral y no dice esta boca es mía, ni el Inpsasel (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales) ni el Ministerio del Trabajo, por las largas horas de trabajo que está poniendo el sector privado, en el sector hotelero o el sector comercio. Vaya a un bodegón a las 7 de la mañana y vea quién lo está atendiendo, vaya a las 8 de la noche y vea quién lo está atendiendo. No hay que tener mucho conocimiento para saber que la jornada de ocho horas diarias no se está cumpliendo y el Estado no hace absolutamente».

«Es un Estado con una política laboral contraria a los intereses de los trabajadores. Y los empresarios dicen que siempre están con una soga al cuello, que el gobierno en cualquier momento viene con el control de cambio o con control de precios, porque son normas que no ha derogado. Por ello, o cambias la política laboral o se tienen que cambiar las bases para dialogar. Cómo voy a hablar sobre los salarios si no los hay. Primero tienes que pagar algo que se parezca a un salario».

—¿Cree que Venezuela pueda, de aquí a marzo, cumplir con las recomendaciones? ¿Cuáles serían los retos que tiene el Estado venezolano?

—Las va a cumplir, va a aceptar una misión de la OIT. El año que viene vamos a recibir misiones de todo tipo, viene una comisión de la Corte Penal Internacional y viene una misión de la OIT y, probablemente, en algunas áreas se llegue a algún tipo de acuerdo para liberar organizaciones sindicales para que puedan hacer sus elecciones de forma más o menos libre.

«Creo que uno de los acuerdos va a ser: ‘señores sindicatos hagan las elecciones como quieran’. También puede liberar algunos presos. Rodney Álvarez (obrero de Ferrominera) está preso, tiene graves problemas de salud, y probablemente haya algún acuerdo en relación con eso. Lleva 10 años preso, acusado de un delito que no cometió. Se puede dar la liberación de los procesos electorales, que el CNE emita una resolución que diga ‘no me meto más por ahí’”.

Sin fuerza coercitiva

—¿Cuáles son las medidas que puede aplicar la OIT con base en el artículo 33  de su Constitución por el incumplimiento de las recomendaciones de la comisión?

—La máxima sanción que puede imponer la OIT es la expulsión. Ha ocurrido una sola vez y ni siquiera fue expulsión, fue por el régimen de apartheid, a Sudáfrica, que antes que la expulsaran, como son procesos que se van cocinando, dijo «antes que me echen, me voy». Es casi imposible que ocurra, porque con ella se afecta no solo al gobierno sino a trabajadores y empleadores.

—¿No tiene mayor fuerza coercitiva?

—La OIT no tiene ninguna fuerza coercitiva como ningún organismo internacional. Los únicos son la CPI, porque el Estado decide someterse, y el Consejo de Seguridad (de las Naciones Unidas) cuando envía Cascos Azules. El resto —la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre ellos— emiten decisiones. Tengo la impresión de que el Estado no ha cumplido recomendaciones en el caso de Linda Loaiza, y es de una corte internacional. Hay una sentencia con respecto a (la masacre de) El Amparo, que obligaba a indemnizar y el Estado no la ha cumplido.

—¿Cuál es su evaluación de la actuación del gobierno de Nicolás Maduro estos ocho años en materia sindical?

—Estamos en un foso profundo y vamos cayendo. No hay trabajo productivo, el empleo con protección laboral desapareció tanto en el sector público como en el privado. ¿Quién tiene en este momento un (Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad) HCM? Recuerdo cuando discutía contrato colectivo, de la prensa y de la Electricidad de Caracas (EDC), muchas veces en la asamblea de trabajadores decían ‘no pida tanto aumento salarial sino HCM y vea si puedo meter a mi suegra’. La gente estaba más pendiente de eso que de un aumento salarial.

«¿Qué le pasa a uno ahora si tiene un padre o hijo y se le enferma? Empieza a temblar. No hay forma que cubra esos gastos. Son poquísimas empresas las que mantienen HCM y las que lo tienen es solo para el trabajador sin incluir la familia. A veces uno escucha decir ‘salario de hambre’, pero es que no es ni para hambre, el salario no alcanza siquiera para comprar un pan canilla”.

—El gobierno en varias oportunidades ha alabado la decisión de permitir la libre circulación de divisas en el país? ¿Qué opina usted del pago de bonos por parte de empresarios a trabajadores?

—Tiene un solo nombre, se llama fraude a la ley. Creo que los empresarios colombianos y brasileños estarían felices de vivir en Venezuela, no tendrían problema porque ni (el presidente de Brasil, Jahir) Bolsonaro permite lo que está pasando acá. Aquí se pagan 40 o 50 dólares mensuales en bonos, mientras el salario es $1,4. Las vacaciones, bonos de fin de año, prestaciones sociales se basan en ese $1,4 . Lo mismo está haciendo el gobierno. Hay un bono a los trabajadores de la salud que es de $20 a 30$ mensuales, tampoco es salario. Si el Estado incumple ¿cómo le va a pedir al sector privado que lo haga?

«Los que somos viejitos sabíamos que cuando nos retiráramos íbamos a recibir un poco de dinero que nos iba a ayudar a montones; eran las prestaciones sociales. Los trabajadores podían pedir al año un adelanto de prestaciones para arreglar la cocina, cambiar el carro. Ahora, con todas las prestaciones sociales, alcanza para comprar un kilo de queso. Los trabajadores se van del país y ni siquiera cobran sus prestaciones sociales».

Ni obrero ni socialista

—Con amparo en la Ley Antibloqueo y el secreto en las transacciones que la misma garantiza están llegando capitales foráneos al país sin que se conozcan detalles de los inversionistas. ¿Qué efecto tiene esto?

—Hay una opacidad absoluta. Este gobierno no te publica cifras de absolutamente nada. ¿Quién está viniendo a invertir? ¿Cuál es el origen de esos fondos? Uno los ve, en Margarita por ejemplo, dicen ‘tenemos centros comerciales y supermercados iraníes’, en Caracas locales con letras raras, ‘es iraní’, te dicen. No se sabe nada, no se conoce sobre la calidad de los productos. Lo que tenemos es un neoliberalismo salvaje de verdad.

—Este gobierno se había definido como socialista, de izquierda, obrero. Ahora vemos que no hay intervención del Estado…

—El papel aguanta cualquier cosa, de obrero no tiene nada, no protege. Es más, ningún gobierno que se dice obrero o de izquierda tiene una cosa tan terrible como las FAES. Los operativos horrorosos de los años 70 son niños de pecho con lo que hay hoy. En cualquier barrio se sabe que el ingreso a las FAES es asesinar.

Resalta Jacqueline Richter que por alguna razón Venezuela pasó a la fase II en el sistema penal internacional. «Ganarse ese premio no es fácil. Imagínese usted Colombia, con una guerra civil y que después de acuerdos de paz hay más de 300 asesinatos de líderes sociales, no logró pasar a fase II porque logró demostrar que tiene un sistema justicia nacional con cierta independencia. Nosotros pasamos directos».

«Ese discurso es fabuloso para la progresía mundial. Lo mismo que pasaba en Cuba, que hasta el día de hoy un montón partidos de izquierda que apoya al régimen cubano, y cuando uno se hace algún tipo de crítica, te sacan el bloqueo y los grandes éxitos de la revolución cubana en materia de salud y educación y yerbas similares, a costa de la explotación del pueblo cubano, a costa de mano de obra esclava», acota.

—¿A eso estamos llegando en Venezuela?

—Sí, con la diferencia de que los cubanos tuvieron más visión a largo plazo, lograron formar mano de obra calificada en materia de medicina que la venden a diversos países. La venden a Brasil, a Europa, pero ha habido problemas con empresas por la tercerización, porque la empresa más grande para colocar personal es el Estado cubano; Manpower (corporación con sede en Milwaukee, EE. UU.) se queda pequeña en suministrar personal. La más grande empresa de suministro de personal del mundo es el Estado cubano. Cobra una cifra a los gobiernos, le paga un poquito al trabajador y el resto se los queda ellos.

—¿Y eso es esclavismo?

—Sí, claro que sí, porque además, en el caso de los cubanos, la persona sale del país y su familia queda secuestrada en Cuba y ‘si te portas mal no te dejo regresar o no te dejo llevarte a tu familia.