La andanada contra candidatos del chavismo disidente comenzó el 13 de septiembre, con la inhabilitación del exministro Eduardo Samán para participar en la elección por la Alcaldía de Libertador (Caracas). Del total de inhabilitados, 14 son candidatos del Partido Comunista de Venezuela, organización que denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro «dio un giro a través de un programa de ajuste económico que nada tiene que ver con los intereses de la clase obrera»

Unos 23 aspirantes han sido impedidos de ser candidatos a gobernadores o alcaldes con miras a los comicios del 21 de noviembre, 15 de los cuales provienen de fuerzas políticas que estuvieron alineadas con el chavismo, pero que se deslindaron de la gestión de Nicolás Maduro.

Bajo la figura de la inhabilitación política emanada de la Contraloría General de la República (CGR), medida que contradice lo establecido por la Constitución (artículo 42) en cuanto a que los derechos políticos «sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley», o por el simple rechazo por parte del Consejo Nacional Electoral del nombre inscrito por algún partido político o grupo de electores —y hasta por un simple borrón en el sistema de registro del organismo comicial— se ha dejado fuera de la contienda a aspirantes con liderazgo en las localidades donde fueron postulados, favoreciendo de esta manera a los abanderados del oficialismo.

Entre los candidatos que quedaron fuera de la contienda del domingo 21 de noviembre figuran varios que participaron del proceso de primarias del PSUV, proceso que el partido de gobierno convocó para escoger a sus abanderados, pero que se vio truncado por la decisión de la Dirección Nacional, que terminó desconociendo varias de las victorias obtenidas por los aspirantes y terminó postulando nombres que ni siquiera compitieron en el proceso interno.

Estos aspirantes, que denunciaron una y otra vez que contaban con la mayoría de los votos de las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez, que fueron las que tuvieron a cargo del proceso de votación), decidieron apartarse del PSUV por la decisión de la cúpula de ese partido y aliarse con los otros movimientos del chavismo disidente para competir en las elecciones y demostrar ese respaldo popular que fue ignorado en el proceso interno.

Sin embargo, el gobierno decidió que la disidencia no le iba a amenazar la victoria del 21-N y, a través de la Contraloría General de la República, u otras artimañas —como supuestos fallos en el sistema computarizado de inscripción y postulación— han impedido que sigan en competencia.

Dirigentes del chavismo disidente se unieron en la APR

La andanada contra candidatos del chavismo disidente comenzó el 13 de septiembre, con la inhabilitación de Eduardo Samán para participar en la elección de alcalde del municipio Libertador (Caracas). Samán, quien fue ministro durante la gestión de Hugo Chávez, compitió en 2017 contra la abanderada oficialista Érika Farías, y para la nueva contienda volvió a ser postulado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En agosto de 2020, El PCV formó una coalición con otras fuerzas de izquierda que se deslindaron del gobierno de Nicolás Maduro, como el partido Patria Para Todos, y el Movimiento Tupamaro, que serían intervenidos por juntas ad hoc que destituyeron a sus respectivas directivas y nombraron a otros que conservaron los nombres y símbolos de las organizaciones, pero apareciendo como aliadas al mandatario. También se incorporó el movimiento Somos Lina, que reclama la legitimidad para su directiva con respecto al partido Unidad Popular Venezolana, fundado por Lina Ron, y Unidad Político Popular 89 (UPP-89), que se formó a partir de otro grupo disidente del chavismo, Clase Media Revolucionaria.

El nombre que sirve como paraguas para estas fuerzas es Alianza Popular Revolucionaria (APR), cuyos candidatos serían inscritos con la tarjeta del PCV, único que no fue intervenido y cuya directiva encabezada por el secretario general, Óscar Figuera, se mantiene al frente y en posesión de las siglas y símbolos del partido.

El 2 de octubre ingresarían a la lista de inhabilitados Guillermo Bernáez, candidato a alcalde del municipio Cajigal; José Noguera, aspirante por el municipio Guanta, ambos en el estado Anzoátegui; Carmen Yasmira Saravia, por el municipio Brion del estado Miranda, y Wilfredo Rivero, por el municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre.

Otro grupo de candidatos fue rechazado el 26 de octubre, luego que cuatro aspirantes a alcalde en el estado Portuguesa vieron su inscripción anulada por supuestamente no haber presentado declaración jurada de bienes.

Ellos pertenecieron al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y compitieron en las elecciones primarias, luego de lo cual pasaron a integrar fórmula electoral con la aspirante a gobernadora Antonia Muñoz, conocida como la Negra, quien fue una de las dirigentes más cercanas a Hugo Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y gobernadora de ese estado en dos ocasiones. El partido postulante fue UPP89.

Los aspirantes inhabilitados fueron Jesús Soteldo, Samuel Durán, Ronald Hernández y Édgar Faneite, compitieron en las primarias de esa organización y manifestaron que el apoyo que lograron por parte de las bases del partido fue desconocido.

Oposición de izquierda

Janohi Rosas, representante del PCV ante el CNE señaló lo extemporáneo de las inhabilitaciones de los candidatos de ese partido y aseguró que el gobierno teme a la posición del PCV.

«Ya apuntan 14 inhabilitaciones de candidatos del PCV (incluyendo candidatos a concejales), somos la organización que más inhabilitaciones tiene. El CNE viola el calendario electoral porque las inhabilitaciones se han producido luego de culminado el lapso para admitir y rechazar candidaturas», expresó Rosas.

Añadió que se están violentando los derechos políticos consagrados en la Constitución para los partidos políticos, los candidatos y el elector y detalló que el lapso para admitir y rechazar candidaturas culminó el 3 de septiembre y el CNE reflejó las inhabilitaciones a partir del 3 de octubre con lo que no se pudieron hacer efectiva las sustituciones.

«Quiero decir que no somos disidentes, somos consecuentes con los intereses del pueblo. A lo largo de sus 90 años, el PCV ha defendido los intereses del pueblo y la clase obrera, fue la primera en apoyar la candidatura de Hugo Chávez y coincidir en elementos programáticos. El gobierno es quien dio un giro a través de un programa de ajuste económico que nada tiene que ver con los intereses de la clase obrera, con privatizaciones, la congelación del salario y la dolarización de la economía», expresó.

#ALERTA Continúa la cacería gubernamental contra las candidaturas del PCV: CNE ejecuta seis nuevas inhabilitaciones.

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— Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) November 17, 2021

Rosas indicó que el gobierno les temes a una oposición de izquierda y a un pueblo que está decidido a desarrollar acciones políticas de calle para defender los cambios que, a través del voto popular y en el ejercicio democrático, se deben dar para un cambio de gestión.

«El gobierno no quiere que los comunistas digan la verdad y se pronuncien en defensa de los trabajadores, campesinos, pensionados y los más humildes», subrayó.

A continuación, presentamos quiénes son cada uno de los candidatos disidentes del chavismo cuyos nombres fueron omitidos del tarjetón electoral con miras a los comicios del domingo 21 de noviembre:

El décimo quinto aspirante inhabilitado para las elecciones de este domingo 21 de noviembre es Gabriel Rodríguez, inscrito por el PCV para optar al gobierno local del municipio Libertador (Tunapuy) del estado Sucre. TalCual no logró obtener información sobre este candidato a pesar de intentar contactar insistentemente con los representantes de ese partido ante el CNE en Sucre. Aparentemente los problemas con las comunicaciones en la entidad dejaron la dirigencia del partido sin poderse comunicar con Caracas