Transparencia Venezuela ha advertido que, a más de un año del inicio de la gestión del Contralor Especial, no se conoce la estructura oficial del organismo ni las actuaciones realizadas
Al interinato de Juan Guaidó lo persiguen las denuncias de corrupción desde el segundo semestre de 2019, justo unos meses después de que el Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 fuera reconocido como presidente encargado por un grupo de países.
En estos casos, la conducta asumida por Guaidó ha tenido varios tonos: ha guardado silencio en algunos momentos, en otros ha hecho declaraciones y, en pocos se han activado algunas investigaciones desde el Parlamento. Los acusados, mediante los medios de comunicación y por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, asumen su descargo de forma pública.
Pero no hay acciones más contundentes desde la cabeza del interinato ni se ha amonestado, al menos públicamente, a los señalados.
«No me atrevo a calificar las razones de esta opacidad del interinato. No quiero decir que hay corrupción abierta, pero la opacidad hace ver que hay algo oscuro», afirma el politólogo Fernando Spiritto.
Añade que, antes de que culmine el 2021, Guaidó debe presentar ante el país un informe completo de su gestión y el uso que se ha hecho de los recursos recibidos, así como del manejo de los activos de la república, incluyendo el oro, «que están desparramados por todos lados». Destaca que esta rendición de cuentas tiene que ser exigida desde la Comisión Delegada de la AN de 2015.
Transparencia Venezuela (TV), a principios de octubre, llamó al gobierno interino, a Juan Guaidó y a la Comisión Delegada de la AN de 2015 a que respondan al país “sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación. Que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas”.
Asimismo, Fernando Spiritto puntualiza que, quizás, el dinero se gastó para mantener una estructura burocrática y una cantidad de funcionarios que, al final, no hicieron nada. «Necesitamos conocer, por ejemplo, el estado actual y los libros de Monómeros, hasta ahora las declaraciones son muy generales», expresa. Se ha señalado la partidización de la empresa con sede en Colombia, pero no hay sanciones concretas.
En octubre de este año, luego de que la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 no votó el decreto de reestructuración de Monómeros Colombo Venezolanos presentado por Juan Guaidó, cabeza del interinato, y diera play al informe de la comisión especial, a cargo de Bibiana Lucas (PJ), el dirigente dijo que el informe es insuficiente.
«Tiene que ir más allá, seguir investigando, establecer responsabilidades y procurar justicia con transparencia. Debemos iniciar de inmediato una auditoría externa y, por supuesto, una reestructuración», enfatizó entonces. Sin embargo, en este caso, como en otros, no se conoce de medidas concretas hacia los presuntos responsables.
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¿Hay voluntad?
Para la politóloga Ana Milagros Parra, en esta situación el punto neurálgico es que haya una reestructuración que abra las puertas a mecanismos internos y democráticos que den espacio a la generación de relevo y se planteen canales para atacar cuando se suscitan denuncias y actuaciones que se alejan del discurso político de claridad en la ejecución de recursos.
¿Dónde radica la traba? Parra puntualiza que debe concretarse una voluntad de cambio y una unidad verdadera con cohesión estratégica en la oposición. “Que un solo partido lo haga no tiene sentido, deben actuar en conjunto. No sé si esa voluntad existe y si hay los incentivos para que eso pase”, añade.
La politóloga cree que, más allá de los señalamientos de cada caso sobre los que recaen denuncias de corrupción, lo importante es ver el contexto y la mirada satelital de porqué este tipo de situaciones se repiten en la historia política venezolana y dentro de sus estructuras de Estado, de gobierno, pero también las partidistas.
“Eso nos lleva, primero, a decir que el gobierno interino fue un símbolo. Yo no lo llamaría gobierno porque no está conformado ni funciona como tal porque no tiene capacidad de gobernar. Tiene control de activos, sí, y una estructura de gobierno, pero no se puede llamar así”, expresa Ana Milagros Parra.
Parra enfatiza que la gestión de Guaidó debe cumplir con lo que prometió al pais, en lo relativo a una gestión transparente, y no desviarse del objetivo.
La politóloga advierte, sin embargo, que, en un sistema como el venezolano, no hay un Estado que se comporte como tal y se siga la ley. Por el contrario, indica que se cumplen las órdenes de la persona que está arriba.
Subraya que, sin intención de justificar la posición asumida por Guaidó, “es casi un modus operandi que existe y de un día para otro no puedes desaparecerlo porque estás acostumbrado a vivir en un país, donde no hay democracia y no se cumplen los principales objetivos de un Estado de derecho. Una sola persona no puede desmantelar una estructura que tiene demasiado tiempo instalada”.
Los escándalos de corrupción han acompañado al interinato casi desde su génesis. En este punto, el Ministerio Público, a cargo del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, ha estado presto para abrir investigaciones a los señalados a través de los medios de comunicación.
Sobre las denuncias respecto al manejo de la ayuda humanitaria de 2019 (“El Cucutazo”), Guaidó solicitó una investigación a los organismos de inteligencia de Colombia, al tiempo que dijo que Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, quienes administraron las donaciones en efectivo por un monto de 90.000 dólares, fueron suspendidos de sus cargos. Barrera y Rojas fueron acusados por el fiscal Saab de delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir.
Para Guaidó, el fiscal reservó la acusación de autoría intelectual. Pese a que el Presidente de la AN ordenó una investigación a la Comisión de Contraloría, esta que se perdió en el camino. En el informe solicitado por el interinato a Transparencia Venezuela, se registró que los señalados por “El Cucutazo” movilizaron, aproximadamente, 35.000 dólares y presentaron facturas duplicadas. La organización aclaró al gobierno de Guaidó que, aunque el dinero provino de donativos privados, constituye patrimonio público.
Asimismo, Transparencia Venezuela reportó que «no se obtuvo evidencia de que Rossana Barrera y Kevin Rojas, que pasaron a desempeñar funciones públicas, hayan tenido relación con la ayuda humanitaria en especie que llegó a Colombia».
Es necesario aclarar que todo recurso asignado a un funcionario de una entidad pública, para el desempeño de una función de interés para la nación, es dinero público y debe ser sometido a registro, verificación, evaluación y seguridad en las operaciones. https://t.co/IQDA1VaIiS
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) September 18, 2019
Las irregularidades derivadas del dinero recibido como donativo para la ayuda humanitaria, llevaron a Transparencia Venezuela a urgir al interinato sobre la necesidad de una Contraloría Especial.
El contralor especial, Pablo Soteldo Azparrén, fue designado por la AN de 2015, en la sesión del 12 de febrero de 2020. En julio de ese año, Transparencia Venezuela reiteró una petición de información sobre su labor y competencias en el cargo, así como las funciones del Consejo de Contraloría. La designación del funcionario se hizo tras las denuncias de corrupción, el desvío de fondos destinados a ayuda humanitaria y el Fondo Especial de Litigios.
«A más de un año del inicio de la gestión del contralor, no se conoce la estructura oficial del organismo ni las actuaciones realizadas. La ausencia de una institución de control con una verdadera capacidad para velar por el resguardo y buen manejo de los recursos públicos es una grave falla, más aún, en un contexto de emergencia humanitaria como el que sufre Venezuela, ya que se pone en riesgo la distribución de recursos a quienes más los necesitan”, subrayó Transparencia Venezuela, el pasado mes de octubre.
De Gedeón y otros casos contra el interinato
Tras darse a conocer algunos de los intríngulis de la Operación Gedeón, Guaidó aceptó, el 11 de mayo de 2020, la renuncia de Sergio Vergara y de J.J. Rendón, quienes fungían como altos comisionados presidenciales de Estrategia para la Crisis desde 2019. Vergara, diputado electo en 2015, también se le señaló de tener vínculos familiares con Rossana Edith Barrera Castillo («El Cucutazo»).
Rendón reconoció que había firmado un preacuerdo con la empresa Silvercorp, a cargo del exmilitar norteamericano Jordan Goudreau, pero que luego este plan fue rechazado por Guaidó.
El comisionado presidencial para Estrategia y Crisis, J.J. Rendón, dijo que había firmado un preacuerdo con Silvercop, en septiembre de 2019, pero que la propuesta fue desechada por Guaidó. De allí que Rendón insistió que ni él, ni ninguno de sus colaboradores, tenían conocimiento o participaron en la Operación Gedeón por cuanto la desconocían.
En este caso, el entonces ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, implicó a Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular (VP), quien habría participado desde la Embaja de España. Al final, el gobierno de Maduro condenó a varios supuestos mercernarios que están detenidos y quienes han denunciado torturas.
En septiembre de 2020, el jefe del interinato dijo que «el Presidente Iván Duque ha ratificado lo que denunciamos en su momento: la Operación Gedeón fue infiltrada y financiada por la dictadura. Ya no hay espacio para que sigan tratando de confundir. Queda reafirmado el peligro que representa Maduro para los venezolanos y la región». El diputado Hernán Alemán, quien falleció meses después, admitió su implicación en el caso Gedeón.
El Presidente @IvanDuque ha ratificado lo que denunciamos en su momento: la Operación Gedeón fue infiltrada y financiada por la dictadura.
Ya no hay espacio para que sigan tratando de confundir. Queda reafirmado el peligro que representa Maduro para los venezolanos y la región. https://t.co/we4f1gMnKl
— Juan Guaidó (@jguaido) September 4, 2020
En febrero de este año, el comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Juan Guaidó, Javier Troconis, rechazó el señalamiento por exfuncionarios del gobierno interino según los cuales había actuado por cuenta propia, a finales de 2019, para llegar a un acuerdo sobre el pago una deuda que la estatal paraguaya Petropar mantiene con Pdvsa, en reuniones paralelas a las realizadas oficialmente por estas dos petroleras.
«No actué a motu propio. Tampoco hubo fraude ni acuerdo. Fui enviado por el jefe del gobierno interino, el presidente Guaidó, y rechazamos lo propuesto precisamente por no brindar los beneficios esperados para Venezuela», ripostó Troconisa una publicación de TalCual, en Twitter, en relación con el reportaje Así se fraguó el presunto «guiso» entre un comisionado de Juan Guaidó y Petropar.
A finales de 2019, Javier Troconis, funcionario de Guaidó, mantuvo negociaciones paralelas a las de Pdvsa ad hoc y Petropar en las que discutió un acuerdo que resultaba lesivo al patrimonio de la estatal venezolana sin tener las atribuciones para ello https://t.co/g2a0vYHz2e
— TalCual (@DiarioTalCual) February 24, 2021
Troconis, quien ha sido señalado en otros casos como el supuesto cobro de sobornos para apropiarse de activos en el exterior, dijo desconocer las declaraciones de los exfuncionarios Luis Pacheco, expresidente de la Junta ad hoc de Pdvsa, y José Hernández: «Mis acciones como comisionado presidencial responden al presidente interino. Mis atribuciones son claras y la facultad para tratar de gestionar la negociación parte de una orden presidencial».
El comisionado Troconis fue interperlado, en octubre de 2020, por la Comisión de Contraloría de la AN. Tras esto, no hubo un paso posterior sobre su permanencia en el cargo. La denuncia que pesa en relación con Petropar se refiere a la presunta actuación de funcionarios del interinato, ante el gobierno de Paraguay, con el objetivo de buscar pagar la deuda de la estatal paraguaya con Pdvsa por cerca de 268 millones de dólares. La deuda fue adquirida durante la administración de Hugo Chávez.
En el caso del exprocurador especial José Ignacio Hernández, cuya renuncia se conoció el 18 de junio de 2020, desde el gobierno de Maduro lo han acusado de maniobras para entregar Citgo ( filial de Pdvsa en EEUU) a la petrolera norteamericana ConocoPhillips, y de promover acciones a favor de la empresa Crystallex.
#EnVivo
|| Rueda de Prensa Nacional e Internacional. Pdte. De la AN, @jorgerpsuv: Otro sujeto de esta trama de corrupción es José Ignacio Hernández, quien es el supuesto procurador de Guiadó, planificó el despojo de los activos de la nación en el exterior. pic.twitter.com/SA5oCwo6O6
— AVN Titulares (@avnve) January 23, 2021
«El 28 de mayo, luego de semanas de conversaciones, renuncié al cargo de procurador. La intención era hacer el anuncio la semana que viene con la designación del nuevo equipo. El régimen de Maduro sabía de mi renuncia al cargo de procurador, y por ello, montó esta nueva campaña», señaló, en su cuenta de Twitter, José Ignacio Hernández, en junio de 2021.
La piedra de Monómeros
El 3 de noviembre, un grupo de 51 diputados de Voluntad Popular (VP) y de otras fracciones, como la 16 de julio, y la de la Concertación repudiaron el polémico reporte que fue aprobado, el día anterior, con 10 de los 18 votos de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
En el comunicado suscrito por el presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González, se replican varios de los argumentos esgrimidos contra el informe de la Comisión Especial que presidió Bibiana Lucas (PJ), tras la investigación en Barranquilla.
Los parlamentarios destacaron que debe seguirse investigando en profundidad a partir de la experticia realizada por la Comisión de Contraloría” para establecer las responsabilidades a que haya lugar e iniciar de inmediato una auditoría externa e independiente. Monómeros debe ser reestructurada, alejada de toda influencia partidista, de cara a la necesidad de transparencia, tal y como lo presentó el Presidente Juan Guaidó».
El informe aprobado por la Delegada señala la supuesta responsabilidad de expresidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Hernández; William Otero Gracia, antiguo gerente financiero, y el contratista Jorge Luis Pacheco, en un plan para la toma hostil de Monómeros.
En agosto de 2020 Monómeros otorgó un millonario contrato de servicios logísticos. En apariencia la ganadora fue una multinacional danesa, pero todo conduce a Jorge Pacheco, cercano a Voluntad Popular y clave en la gestión de la empresa por el interinato https://t.co/VVglgbKOMl pic.twitter.com/kjt1h9jFUM
— Roberto Deniz (@robertodeniz) November 28, 2021
También en noviembre, la periodista Sebastiana Barraéz denunció una supuesta vinculación de la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, con Monómeros. Los señalamientos fueron negados por Llorente y Cuenca (LLyC), firma de consultoría de comunicación y asuntos públicos.
Barraéz difundió una orden de compra de la transnacional, del 22 de octubre de 2020, en la que se indica que LLyC recibió el pago total de 148.000.000 de pesos colombianos (alrededor de 38.000 dólares) por asesoría en comunicación. Sin embargo, no figura el nombre de Mendoza.
La señora @antonietamlopez quien es madre de @leopoldolopez recibió de Monómeros 148 millones de pesos (casi 70 mil dólares) por asesoría en comunicación?
Es hora que le expliquen eso a los venezolanos.
La crisis del país no da para tanto descaro. Tienen la palabra, pues. pic.twitter.com/UH5Xu3sjyP— Sebastiana Barráez (@SebastianaB) November 11, 2021
Interinato pide denunciar
Dentro de las acciones que se conocen, el interinato pidió, el 8 de octubre de este año, remitir las denuncias de corrupción, en la gestión de activos de la República y de las empresas en el exterior, a la Contraloría Especial o a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015. Esta solicitud, realizada a través del Consejo de Defensa Judicial, surgió en medio de la lluvia de señalamientos que apuntan hacia un manejo poco transparente de Monòmeros Venezolanos Colombianos.
En ese sentido, el interinato exhortó a que cualquier persona, sea o no funcionario público, con conocimiento de actos de corrupción, tiene el deber de denunciarlos ante las autoridades de la jurisdicción donde se encuentra y ante el Contralor Especial. Este funcionario, junto al Consejo Especial de Contraloría, (ambos designados por la AN de 2015) y con la Comisión de Contraloría, “ejercen funciones contraloras posteriores o concomitantes relativas a la vigilancia y fiscalización de recursos y fondos públicos”.
Justo unos días antes, Humberto Calderón Berti, quien fuera embajador de Guaidó en Colombia, aseguró que “hay muchos que han renunciado por las mismas razones que yo denuncié en Colombia y nadie se ha atrevido a decirlo: por la intromisión impropia y sectaria de Leopoldo López en la conducción de la administración del gobierno interino”.
Sobre esto, el 18 de octubre, fue el propio Leopoldo López quien respondió y anunció una querella en España contra Calderón Berti por lo que calificó como una calumnia. En se sentido, el fundador de Voluntad Popular (VP) aseguró que ni él ni su partido tienen nada que esconder. A su juicio, la demanda será una oportunidad para que el exembajador de Guaidó presente sus pruebas.
“No hay pruebas en mi contra, pero es una forma de dejar claro que tanto yo como otros hemos sido víctimas de calumnias y ataques infundados”, enfatizó López.
La politóloga Ana Milagros Parra señala que, de forma transparente, en el interinato cada quien debe asumir su responsabilidad. «No veo a Juan Guaidó decir que hay una gran influencia de Leopoldo López en su toma de decisiones o lo que está pasando en el gobierno interino. Es algo que se deja ver y hay puntualizaciones como la de Calderón Berti y de las personas que conocemos la dinámica política y cómo es la figura de López en VP, lo relevante son las acusaciones que se están haciendo contra el interinato y las acciones que se deben o no tomar», señala.
